El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) denunció hoy que el Gobierno de Ecuador ha impuesto una "represión generalizada" contra la prensa y pidió suprimir las leyes de difamación, que, a su juicio, se usan para silenciar a periodistas críticos.

El CPJ, una de las principales asociaciones mundiales en defensa de la libertad de prensa, constató el "deterioro marcado" de la situación en el país en un breve informe divulgado hoy en Quito con el título "Ecuador bajo Correa: confrontación y represión".

Esa represión se manifiesta en las "graves restricciones" que afectan a los periodistas, dijo en una rueda de prensa Carlos Lauría, coordinador del programa de las Américas del CPJ, que tiene sede en Nueva York.

Destacó que el Gobierno usa querellas penales basadas en leyes "anticuadas" de difamación "para silenciar a las personas que emiten opiniones, comentarios y juicios críticos", así como demandas civiles que exigen indemnizaciones "desproporcionadas".

En julio un juez condenó a tres directivos del diario El Universo y su exdirector de opinión, Emilio Palacio, a tres años de prisión y a pagar 40 millones de dólares después de que Correa se querellara contra ellos por una columna que considera injuriosa.

Palacio, que ha apelado la sentencia junto a los otros acusados, se ha exiliado en Miami tras denunciar una "persecución" del gobierno en su contra y sentir que corría peligro en Ecuador.

El presidente también ha interpuesto una demanda en la que reclama diez millones de dólares contra dos periodistas por afirmar en un libro que él conocía los contratos que tenía con el Estado su hermano, Fabricio Correa, algo que el mandatario niega.

Lauría también se quejó de la "retórica cargada de insultos y agravios" que el presidente usa contra la prensa.

En sus intervenciones, Correa acusa a ciertos medios de "corruptos" y de manipular la información, y ha tildado a los periodistas de "sicarios de tinta".

En su informe, Lauría destacó además "el uso de los llamados medios públicos para lanzar campañas de descrédito".

Cuando Correa inició su mandato solo existía un ente público, la Radio Nacional de Ecuador, y "en tiempo récord" el presidente ha montado una red de 15 medios públicos, "que sirven principalmente como un megáfono presidencial", dijo el CPJ.

Lauría también denunció que el presidente ha usado programas de emisión obligatoria, denominados "cadenas", para interrumpir programas críticos y refutar argumentos en su contra.

Desde enero de 2007 a mayo de este año el Gobierno exigió la emisión de 1.052 cadenas, por un total de más de 150 horas, según datos de la Fundación Ethos citados por el CPJ.

"En menos de cinco años (Correa) ha transformado a Ecuador en uno de los países más restrictivos para la prensa en el hemisferio", resume el informe.

El Comité dijo haber solicitado entrevistas y comentarios al Gobierno para la elaboración del estudio, pero no recibió respuesta.

Correa, por su parte, mantiene que algunos medios privados anteponen sus intereses empresariales a los intereses del país y se han constituido en una "mafia" comunicacional.

Además, ha explicado que su demanda contra El Universo es una "lucha por la verdad" y no tiene como fin obtener el dinero de la indemnización, que ha dicho que donará a la iniciativa ecológica Yasuní ITT.