El Congreso de los Diputados (cámara baja del Parlamento español) aprobó hoy introducir en la Constitución la "regla de oro" del equilibrio presupuestario, con el apoyo de los dos grandes partidos, PSOE y PP, y el rechazo de la izquierda, nacionalistas, y sectores sociales como sindicatos e "indignados".

La reforma constitucional para introducir un límite al gasto de las administraciones públicas, pactada entre el Gobierno socialista y el opositor Partido Popular, fue aprobada por 316 votos a favor, todos ellos de socialistas y conservadores, así como de la pequeña formación nacionalista navarra UPN.

Sólo cinco diputados votaron en contra, mientras una treintena de parlamentarios de grupos de izquierda, nacionalistas y algunos socialistas, habían abandonado el hemiciclo antes de procederse a la votación, en señal de disconformidad con la medida pactada por las dos grandes fuerzas y aprobada por el procedimiento de urgencia.

La reforma del artículo 135 de la Constitución fue ratificada con más de tres quintos del Congreso -el mínimo requerido- y debe pasar la próxima semana al Senado (cámara alta).

Se trata de la primera reforma de la Carta Magna que fue redactada en 1978 en España con el consenso de los principales partidos y en plena transición democrática después de la dictadura franquista, si se exceptúa un cambio realizado en 1992 para adaptar la Constitución al Tratado de Maastrich.

Precisamente, una de las principales críticas de sus detractores es la rapidez con que se ha tramitado esta reforma, que el pasado día 22 fue propuesta por sorpresa por el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, e inmediatamente aceptada por el líder de la oposición, Mariano Rajoy.

En las más de tres décadas de vida del texto constitucional, nunca fue posible abordar otros cambios que gozaban de gran apoyo social y político, como la reforma del Senado o la eliminación de la preferencia del heredero masculino para el acceso a la Corona.

Antes de la votación fueron rechazadas varias enmiendas presentadas por grupos minoritarios pidiendo un referéndum para esta reforma, y otras, de los nacionalistas vascos y catalanes, para introducir en la Constitución el derecho a la autodeterminación.

Mientras se celebraba el pleno, alrededor de un centenar de "indignados" del movimiento 15-M se concentraron en las cercanías del Congreso de los Diputados, en medio de un amplio despliegue policial.

El PSOE y el PP aceleraron todo el proceso para concluir la reforma antes de que se disuelvan las Cortes a finales de septiembre -debido a las elecciones generales del 20 de noviembre- frente a la oposición frontal de los grandes sindicatos españoles y otras organizaciones de izquierda.

Con el cambio se establece en la Constitución la exigencia de alcanzar un déficit público cercano al 0 en el año 2020, aunque en la Carta Magna no se incluye ninguna cifra y los detalles se dejan para una ley orgánica que debe aprobarse.

La rapidez con que se ha abordado el procedimiento, y la sospecha de que la reforma ha sido dictada desde el Banco Central Europeo (BCH) y desde Alemania, el único país de la Unión Europea que ya tiene en su Carta Magna un límite al déficit público, llevaron a que se elevaran numerosas voces disidentes incluso en el seno del PSOE.

Para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la reforma transmite un mensaje positivo hacia el mundo económico de cara a las turbulencias financieras que aún pueden estar por venir.

El portavoz del Gobierno, José Blanco, reiteró hoy después de la votación que la medida era ineludible porque se avecinan tiempos difíciles.

Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, dijo estar "muy contento" y aseguró que la reforma de la Constitución "viene muy bien para la confianza de España y para afrontar con más posibilidades de éxito la recuperación económica y la creación de empleo".

El secretario general de Comisiones Obreras, uno de los dos grandes sindicatos españoles, Ignacio Fernández Toxo, calificó de "burla" a la ciudadanía el pacto alcanzado entre el Gobierno y el Partido Popular.

Los sindicatos han convocado para el próximo día 6 manifestaciones en Madrid y Barcelona contra esta reforma, en las que también se exigirá la celebración de un referéndum popular.