Los opositores a la nueva ley de Alabama para controlar la inmigración realizarán un acto de protesta el jueves en Birmingham.

En un principio el acto fue programado para coincidir con la entrada en vigor de la ley, pero un jueza federal aplazó esta semana la implementación, bajo el argumento de que necesitaba más tiempo para analizar las demandas presentadas por opositores que dicen que la legislación es inconstitucional.

La jueza señaló que emitirá un fallo más amplio el 28 de septiembre, y su orden de suspensión temporal estará vigente hasta el día siguiente. La semana pasada, Blackburn escuchó argumentos del Departamento de Justicia y otros durante una audiencia de un día.

Leyes similares han sido aprobadas en Arizona, Utah, Indiana y Georgia. Jueces federales han bloqueado todas o algunas cláusulas de las leyes en esos estados.

Entre los oradores en el acto del jueves estarán el alcalde de Birmingham William Bell, líderes religiosos y representantes de grupos hispanos y de derechos de los inmigrantes.

Tanto los partidarios como los que se oponen a la ley de Alabama dicen que es la más dura del país contra los inmigrantes que carecen de permiso para vivir en el país. Requeriría que las escuelas verifiquen el estatus migratorio de los estudiantes, aunque no impediría que quienes viven ilegalmente en el país asistan a las escuelas públicas.

Además convertiría en delito en Alabama ser inmigrante sin permiso para estar en Estados Unidos, así como trabajar en esa condición en el estado. También haría ilegal el asistir a un inmigrante que carece de autorización para vivir en el país al ofrecerle un trabajo, una vivienda, llevarlo en auto o casi cualquier cosa, una cláusula que líderes religiosos temen obstruirá su labor humanitaria.

Con la legislación, la policía podría encarcelar a inmigrantes no autorizados a vivir en el país tras detenerlos por infracciones de tránsito.

Los conservadores de Alabama han trabajado por años para buscar una manera de recortar el gasto público que beneficia a los inmigrantes. Cifras del censo difundidas este año señalan que la población hispana del estado se ha duplicado durante la última década hasta alcanzar 185.602 el año pasado.

Los defensores de la ley sostienen que muchos de ellos están en el país sin permiso.