Una jueza estatal impidió el miércoles que la administración de la gobernadora republicana Susana Martínez exija a algunos inmigrantes revalidar sus licencias de conducir y verificar si siguen viviendo en Nuevo México.

La jueza de distrito Sarah Singleton emitió una orden para suspender temporalmente el programa de verificación de licencias mientras siga impugnado en los tribunales.

La semana pasada se presentó una demanda contra el plan del gobierno estatal para revisar una muestra aleatoria de 10.000 titulares de licencias de nacionalidad extranjera a fin de determinar su lugar de residencia.

Nuevo México es uno de sólo tres estados —los otros son Washington y Utah— donde un inmigrante que vive ilegalmente en el país puede obtener una licencia de conducir porque no se exige ninguna prueba de ciudadanía. Sin embargo, las licencias de Utah no se pueden usar como tarjetas de identificación del gobierno.

Según el plan de verificación de residencia anunciado el mes pasado, Nuevo México envió notificaciones a los residentes para que hagan citas a fin de presentarse en persona y llevar documentos, tales como recibos de luz o agua y un contrato de alquiler, que demuestren que viven en el estado. El gobierno tiene planes de cancelar las licencias de conducir de las personas que ya no viven en el estado.

Martínez desea que la asamblea legislativa dé marcha atrás a la política de otorgamientos de licencia de Nuevo México al exigirle a la gente que presente su número de Seguro Social —documento que no se otorga a las personas que viven en el país ilegalmente— para que pueda obtener una licencia de conducir.

La demanda judicial fue presentada la semana pasada por el Fondo Educativo y de Defensa Mexicano-Estadounidense.

La demanda señala que el programa de certificación de licencias es ilegal porque discrimina a un segmento de la población: los extranjeros. La demanda afirma asimismo que la gobernadora carece del poder, sin la aprobación de la asamblea legislativa, para imponer que ciertas personas revaliden sus licencias de conducir.

David Urias, un abogado de Albuquerque que ayuda en el caso, dijo que el fallo de la jueza era importante, porque "protege los derechos de las personas a quienes el Departamento de Vehículos Motorizados les ha exigido que presenten documentos que prueben su identidad y su lugar de residencia, sin que el departamento tenga alguna evidencia de que esas personas hayan cometido alguna irregularidad".

Scott Darnell, portavoz de la gobernadora, comentó que la orden judicial "era un procedimiento ordinario mientras el tribunal examina el programa de certificación de residencia".

"Ante la ausencia de una ley que ponga fin al programa que provee de licencias de conducir a inmigrantes que residen ilegalmente en el país, la gobernadora tiene la responsabilidad de identificar y tratar de impedir que se cometa un peligroso fraude y robo de identidad, algo que por lo general sucede", destacó Darnell en una declaración.

El miércoles fue el último día para hacer citas dentro del programa de certificación de domicilio. Cualquier cita futura, según el gobierno, abarcará a las personas que no hayan cumplido o cuando el estado carece de una dirección para transferir las notificaciones iniciales que no fueron entregadas por correo.

De las 10.000 cartas enviadas, más del 30% ha sido devuelta por el servicio de correo por una u otra razón.

La demanda fue presentada en nombre de varios legisladores demócratas y por una mujer de nacionalidad mexicana que vive legalmente en el estado desde hace más de una década.

Marcela Díaz, del grupo defensor de inmigrantes, Somos Un Pueblo Unido, dijo en una declaración que el programa de verificación de licencias "no es nada más que una táctica intimidatoria y de amenaza a la gente, sin razón".

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