México vive en duelo desde hace por lo menos cinco años. Con más de 40 mil muertos en ese periodo, el luto por decreto presidencial resulta irrelevante. La novedad en la ecuación nacional es que los actos de terrorismo forman ya, parte de una serie de hechos concatenados en la realidad mexicana.

El viernes 26 de agosto, el presidente Felipe Calderón incluyó en su discurso la palabra "terroristas". Lo hizo dos veces.

"Homicidas incendiarios y verdaderos terroristas... no estamos enfrentando a delincuentes comunes, estamos enfrentando a verdaderos terroristas que han rebasado todos los límites no sólo de la ley, sino del elemental sentido común y del respeto a la vida", dijo el presidente.

Para quienes critican el uso del término 'terrorista' o 'terrorismo' por la inexistencia de una calificación legal o definición jurídica universal sobre ese delito, la inclusión de la palabra en el discurso gubernamental resulta peligrosa. Lo es, dicen, porque se utiliza para justificar su combate a través de la militarización y métodos extrajudiciales como se acusa ha sucedido por ejemplo, en sinnúmero de casos relativos a la guerra de Irak, Afganistán y en el mismo operativo en que se eliminó a Osama bin Laden.

Pero más allá de las discusiones semánticas, el terrorismo como táctica, es un medio que ahora el crimen organizado utiliza para someter a la sociedad e intimidar a la autoridad gubernamental.

En el recuento cronológico de estos atentados en el país, se incluye la detonación de una granada en Morelia el 16 de septiembre de 2008 y carros bomba en Ciudad Juárez, Chihuahua; en Cd Victoria, Tamaulipas; y en Zuazua, Nuevo León; en 2010. Otros ataques con vehículos tuvieron lugar en los municipios de Linares y San Nicolás de los Garza, Nuevo León; y en la comunidad del Carmen, municipio de Tula, Hidalgo a principios de 2011.

Según el diario El Universal, casos adicionales ocurrieron en julio de 2008 en Culiacán, Sinaloa cuando se desactivaron dos autos-bomba; mientras que el primer registro de una explosión de este tipo en México se remonta a junio de1994, en Guadalajara.

Sin embargo, la ofensiva que mayor número de víctimas ha arrojado a la fecha es al Casino Royale de Monterrey, mediante el ataque incendiario que el 25 de agosto sumó 52 víctimas.

Estos sucesos echan por la borda la hipótesis gubernamental de que los cárteles arremeten y se eliminan exclusivamente entre ellos, y evidencian que su táctica incluye el ataque indiscriminado contra la sociedad civil.

¿Cómo parar esta ola de brutalidad? Y mejor aún, ¿cómo evitar que esta amenaza se expanda en el país? Mientras algunos exigen la revisión de los expedientes y validez de los permisos de operación de casinos --frecuentes centros de transacciones para el lavado de efectivo- poco se puede lograr si no se atacan los orígenes de la delincuencia y la violencia que tienen raíces mucho más profundas.

En ese sentido existe una negligencia política inexcusable: el gobierno de Calderón no se ha ocupado en congelar las cuentas bancarias, decomisar los edificios, los almacenes, en desmantelar las redes de transporte y distribución de narcóticos, seres humanos, contrabando y armamento; y los innumerables activos que están a nombre de sociedades, empresas y personas morales hasta ahora intocadas.

La coyuntura mexicana es terreno fértil para que las cosas se salgan –aun más- de control: procesos electorales sujetos a la extorsión y en algunos casos financiados por el crimen organizado, corrupción en los tres niveles de gobierno y en una buena parte del sector empresarial, mientras la simulación es un problema tan grave como evidente. Sólo hay que ver las múltiples y frecuentes detenciones de criminales de bajo perfil, con fines meramente mediáticos.

La estrategia política de la actual administración se ha quedado en las balas y en el discurso triunfalista. En ausencia de medidas de fondo y ajenas a la mera militarización del país, la expansión del dominio geográfico de los cárteles sobre los estados donde hay relativa paz, es cuestión de tiempo.

En esta visión castrense --eje de la política del actual sexenio- entra la Ley de Seguridad Nacional, cuyo pre-dictamen se acusa incumple los estándares internacionales de derechos humanos en materia de seguridad interior; excede la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la participación de las fuerzas armadas en el auxilio de las autoridades civiles; les autoriza para intervenir comunicaciones, así como a la detención y mantenimiento de supuestos delincuentes sorprendidos en flagrancia "en acuerdo con la PGR"; entre otros.

Alerta a los focos rojos de la esencia de esta legislación, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva pidió a la Cámara de Diputados una revisión exhaustiva para evitar que se dañen las garantías individuales de la población. El historial de atropellos procesales penales a la ciudadanía es bastante nutrido como para ahora dar facultades e injerencia en ello al ejército.

El presidente Calderón y la clase política mexicana tienen la responsabilidad de ejecutar medidas concretas que resarzan sus graves negligencias y omisiones; de otro modo, y en el curso natural de la delincuencia organizada, el siguiente blanco serán las instituciones y los centros políticos de poder del país. El rumbo más peligroso.

Mientras tanto, Calderón advierte que pese a las críticas continuará la lucha contra el crimen organizado y que su V informe de gobierno se enfocará en los logros alcanzados. Al ex presidente Vicente Fox (quien sugiere amnistía para los narcos) le envió un mensaje: no habrá tregua en el combate contra los capos.

Aurelia Fierros es comunicóloga de carrera y una veterana del periodismo con más de dos décadas de experiencia. Ha sido reportera, guionista, productora, presentadora y comentarista de noticiarios y programas informativos de TV y Radio, así como columnista en prensa escrita.

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