El ex jefe del Ejército colombiano Mario Montoya fue interrogado el jueves en la Fiscalía como parte de la investigación sobre la autenticidad de una desmovilización en 2006 de supuestos guerrilleros de las FARC y que está en entredicho.

Montoya, ahora general en retiro y que comandó el Ejército del 2006 a noviembre de 2008, fue interrogado en la sede de la Fiscalía, que lo citó como parte de la investigación por el caso de un supuesto bloque rebelde que depuso sus armas hace cinco años, dijo en diálogo telefónico Alvaro Osorio, jefe de fiscales delegados ante la Corte Suprema.

El interrogatorio a Montoya no equivale a una vinculación formal a un proceso ni que vaya a ser detenido por ahora. Sólo hace parte de las investigaciones preliminares de la Fiscalía por el caso de la desmovilización. Los generales activos o en retiro sólo pueden ser investigados por la Fiscal General y juzgados, dado el caso, por la Corte Suprema.

Al término de la diligencia, el abogado de Montoya, Andrés Garzón, dijo en diálogo telefónico que "nos fue bien". Los argumentos del oficial, aseguró el abogado, son que asumió el comando del Ejército ocho días antes de que se produjera la desmovilización de los rebeldes, un acto público que se realizó en marzo del 2006, en el central departamento de Tolima.

"En sólo ocho días usted no puede tener mayor incidencia en el tema" que ya estaba siendo negociada desde tres meses antes, agregó el abogado de Montoya que tras su salida del Ejército fue desde el 2009 y hasta agosto pasado el embajador colombiano en República Dominicana.

El oficial retirado tiene al menos otra investigación preliminar pendiente ante la Fiscalía por supuestos desmanes que se habrían cometido en una operativo militar en una barriada de la ciudad de Medellín en 2002.

Por el mismo caso de la desmovilización, también fue interrogado en la jornada el general en retiro del Ejército Lelio Suárez, quien comandaba la brigada militar en la zona donde se produjo la desmovilización.

En febrero pasado, la Fiscalía anunció que dos ex guerrilleros habían asegurado ante la justicia en noviembre de 2010 que la desmovilización cuatro años antes de 66 presuntos rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue una farsa.

Según esos testimonios, los hombres que entregaron sus armas eran indigentes y consumidores de drogas a los que se les pagó unos 500.000 pesos (unos 260 dólares) y que habrían sido pagados por un narcotraficante para que se hicieran pasar por guerrilleros, según han dicho fiscales.

Pero hasta ahora se desconoce cuántos de los 66 hombres fueron realmente rebeldes y cuántos habrían aceptaron posar de insurgentes a cambio del pago.

Hasta ahora la Fiscalía tampoco ha dicho sus hipótesis sobre el objetivo que habrían tenido el Ejército y la entonces oficina del Alto Comisionado de Paz para promover o falsificar una desmovilización de guerrilleros.