Amnistía Internacional (AI) calificó de "importante paso para la justicia" la condena a dos ex ministros y cinco ex jefes militares en Bolivia por la muerte de 64 personas durante una revuelta popular en octubre de 2003.

"Esperamos que esta resolución siente un precedente positivo para la búsqueda de una justicia duradera e imparcial en otros casos de derechos humanos de Bolivia", manifestó el jueves en un comunicado Guadalupe Marengo, directora adjunta para América de AI.

El Tribunal Supremo de Bolivia condenó el martes a penas de entre 10 a 15 años de prisión a los entonces cinco jefes de la cúpula militar que comandaron la represión por orden del gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada quien, sin embargo, no fue procesado debido a que se refugió en Estados Unidos tras su dimisión al cargo en octubre de 2003.

El fallo alcanzó a otros dos ministros que fueron condenados a 3 años de cárcel cada uno por complicidad. Otros nueve ministros del gabinete de Sánchez de Lozada tampoco fueron procesados porque huyeron del país alegando "persecución política".

"Estas condenas son una importante victoria para las familias de las personas muertas y heridas, que han esperado casi ocho años para ver que se hace justicia tras los trágicos sucesos conocidos como 'Octubre Negro''', dijo Marengo en un comunicado emitido en Londres y enviado a la AP en La Paz.

Agregó que "en los enfrentamientos los soldados abrieron fuego contra multitudes desarmadas durante las manifestaciones desencadenadas por la oposición a un proyecto de gasoducto para exportar gas natural a través de la vecina Chile".

Ni el presidente Evo Morales ni los actuales jefes militares se han pronunciado públicamente sobre la sentencia. Algunos familiares de las víctimas consideraron insuficientes las penas pero declararon su satisfacción por la primera condena a militares y civiles por muertes de manifestantes.

"Lo único que nosotros (los jefes militares) hemos hecho es cumplir las órdenes del Capitán General de las Fuerzas Armadas". De aquí en adelante, los militares tendrán que "pensar bien" antes de acatar órdenes, dijo el ex comandante del ejército Juan Véliz, condenado a 15 años.

Sánchez de Lozada, los once ministros de su gabinete y los cinco jefes militares fueron demandados por "genocidio, masacre sangrienta y lesiones gravísimas" tras la revuelta popular que dejó 64 muertos y más de 405 heridos, según la Fiscalía.

La Cancillería dijo que no ha recibido respuesta del Departamento de Estado de Estados Unidos al pedido de extradición de Sánchez de Lozada, del ex ministro de Defensa Carlos Sánchez y de otro ministro que se refugiaron en ese país tras los hechos.

Las relaciones entre La Paz y Washington están deterioradas tras la expulsión del embajador estadounidense Philip Goldberg y de la agencia antidrogas ordenada por Morales a fines de 2008 por sospechas de confabulación contra su gobierno.

Perú concedió refugio a otros ministros de Sánchez de Lozada y el gobierno de La Paz ha pedido revocar el beneficio.