El gobierno uruguayo difundió una lista de 457 denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar de 1973 a 1985 que incluye tanto las que siguieron su curso en la justicia como las que fueron archivadas.

En su página digital la presidencia informó que "la presente nómina resulta de un complejo trabajo de compaginación de diversas fuentes realizado por la presidencia de la república y la secretaría de seguimiento de la Comisión para la Paz". Agregó que el objetivo de la difusión de la lista es facilitar la ubicación del expediente a los interesados cuyas denuncias fueron archivadas, para poder solicitar la reapertura de su caso.

La publicación de la lista sigue a la reciente decisión del Poder Ejecutivo de revocar los actos administrativos adoptados por gobiernos constitucionales a partir de 1985 que habían impedido el juzgamiento de los militares.

La medida dispuesta por el presidente José Mujica, en respuesta a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que pidió al gobierno allanar el camino de la justicia en causas de violaciones a los derechos humanos, dio pie a la eventual reapertura de al menos 80 casos amparados por la llamada ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado.

En mayo el gobierno fracasó en su intento por eliminar en el Congreso esa norma sancionada en 1986 y refrendada en dos plebiscitos populares en 1989 y 2009.

La presidencia advirtió que "se ignora si esta nómina es completa... debido a la dispersión de la información existente".

Entre otras imprecisiones la lista incluye como desaparecidos a Ubagesner Chávez Sosa y Fernando Miranda, dos militantes comunistas secuestrados en 1976 cuyos cuerpos fueron hallados enterrados en dependencias militares en las que desde 2006 se realizan excavaciones en busca de desaparecidos.

Unas 30 personas desaparecieron en Uruguay y otros 150 uruguayos corrieron igual suerte en Argentina en el marco del llamado "Plan Cóndor" de coordinación de las de las dictaduras del Cono Sur.

El 1 de noviembre prescribirán todos los delitos cometidos durante el régimen de facto uruguayo al cumplirse el plazo máximo de 26 años y ocho meses desde el 1 de marzo de 1985, cuando se instaló el primer gobierno democrático tras la dictadura.

En mayo la Suprema Corte de Justicia echó por tierra el intento de la fiscal Mirtha Guianze de declarar esos delitos como de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles. El máximo cuerpo judicial dictaminó que fueron delitos comunes.