La Oficina contra la corrupción y la criminalidad organizada (USKOK) de Croacia ha publicado hoy una primera acusación contra el ex primer ministro croata (2003-2009) Ivo Sanader, que el 18 de julio fue extraditado desde Austria.

La acusación se refiere al periodo 1994-1995, cuando Sanader era viceministro de Exteriores y, según la incriminación, abusó de su posición al apropiarse ilegalmente de 3,6 millones de kunas (480.000 euros) en forma de comisión por un crédito que el Gobierno croata obtuvo del banco austríaco Hypo Alpe-Adria-Bank, según la agencia Hina.

"La acusación de USKOK ha llegado hoy al tribunal", confirmó Kresimir Devcic, portavoz del Tribunal provincial de Zagreb.

La USKOK considera que Sanader recibió la comisión acordada después de que el banco y el Gobierno croata cerraran un acuerdo sobre un crédito de 140 millones de chelines austríacos (unos 10 millones de euros) para el equipamiento de misiones diplomáticas de Croacia.

Se sospecha que Sanader negoció la comisión con Wolfgang Kulterer y Guenter Striedinger, exjefes del banco que a su vez son objeto de investigaciones de órganos judiciales de Austria en relación con la debacle del Hypo Alpe-Adria-Bank.

Además de la acusación publicada hoy, el ex primer ministro croata está siendo investigado judicialmente por otros casos de alta corrupción.

Según la prensa, el total del dinero que Sanader habría robado al Estado ascendería a unos 15 millones de euros, suma que habría ido a parar a sus manos, así como a las de algunos colaboradores suyos y a la caja de la conservadora Unión Democrática Croata (HDZ).

Después de que Sanader dimitiera repentinamente sin explicaciones en 2009, en la mitad de su segundo mandato como jefe de Gobierno, empezaron a salir a la luz una serie de escándalos de corrupción y fueron detenidos muchos de sus antiguos colaboradores, por lo general jefes de empresas públicas.

Se considera que la Fiscalía Estatal podría publicar en los próximos meses otras acusaciones contra Sanader, por lo que el ex primer ministro, si resulta culpable, podría ser condenado a más de diez años de prisión, además de la confiscación de sus bienes.