El Gobierno de Ecuador dijo hoy que iniciará un proceso en un tribunal local de Holanda para anular un dictamen de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya que le ordena pagar 96 millones de dólares a la petrolera estadounidense Chevron.

La Corte dio la razón a Chevron el año pasado y fijó el monto preliminar por daños y perjuicios en 700 millones de dólares, a la espera que se dedujeran los impuestos.

Al final esa cifra quedó en 96 millones de dólares en el laudo emitido hoy, una reducción de más del 86 % que el procurador general de Ecuador, Diego García, recibió como un triunfo.

"Se ha reconocido la posición de la defensa del Estado ecuatoriano", dijo en una rueda de prensa.

Aun así, el procurador anunció que en los próximos 90 días iniciará una acción de nulidad contra ese dictamen en una corte ya no internacional, sino en un tribunal distrital de La Haya.

En ella argumentará que en su demanda Chevron se acogió al tratado bilateral de inversiones entre EE.UU. y Ecuador, que entró en vigencia en 1997, mientras que la compañía dejó el país en 1993, explicó García.

Por su parte, Hewitt Pate, vicepresidente y director jurídico de Chevron, dijo en un comunicado que el fallo emitido hoy "confirma que Ecuador puede ser responsabilizado por las obligaciones adquiridas según el Derecho Internacional".

Los hechos del caso se remontan el período entre 1964 y 1990, en el que Texaco, que posteriormente fue adquirido por Chevron, operó campos petroleros en asociación con el Estado ecuatoriano.

Entre 1991 y 1993 Texaco presentó siete demandas contra Ecuador por supuestas violaciones del contrato conjunto, en las que acusaba al Gobierno principalmente de apropiarse de un volumen de la producción de los yacimientos superior al pactado.

La Justicia ecuatoriana nunca emitió sentencia al respecto, por lo que en 2006 Chevron se acogió al tratado de protección de inversiones y presentó la demanda ante La Haya.

En su comunicado de hoy, la compañía destacó que la Corte en La Haya ha reconocido que el sistema judicial ecuatoriano no garantiza la administración de justicia, un argumento similar al que ha usado en un caso multimillonario de daños ambientales en la Amazonía, en el que sostiene que hubo fraude.

Como parte de ese proceso un juez ecuatoriano condenó en febrero a la petrolera a pagar más de 9.500 millones de dólares, una cifra que se doblará si la compañía no pide disculpas.

García, en cambio, señaló que el fallo de la Corte de La Haya no tendrá ningún impacto en ese otro caso, el cual está ahora en fase de apelación.

"Lo que hizo el tribunal no fue señalar una responsabilidad del Ecuador por denegación de justicia, sino por demora en la administración de justicia. Es un concepto diferente y por lo tanto no va a servir para ningún tipo de argumentación dentro de cualquier otro proceso", dijo García.