Diputados venezolanos promueven la aprobación de medidas que permitan bloquear los móviles robados y sanciones para quienes adulteren los seriales de los equipos, en un intento por frenar el hurto de teléfonos y los delitos asociados, como el homicidio, dijo hoy el legislador opositor Ricardo Sánchez.

El diputado, de la fuerza Un Nuevo Tiempo, explicó a Efe que la Comisión Especial de la unicameral Asamblea Nacional sobre Robo y Hurto de teléfonos celulares y delitos conexos ha propuesto una providencia o medida administrativa y modificaciones al Código Penal ante los 110.000 casos de robo de estos equipos denunciados al mes.

"Se pretende avanzar sobre el bloqueo de los teléfonos provenientes del robo, hurto y extravío", explicó Sánchez, quien señaló que en Venezuela "cada minuto roban entre dos y tres" celulares.

Admitió, sin embargo, que la situación en otros países es más compleja.

"En Venezuela en los últimos tres años se han robado 2,5 millones de teléfonos celulares, esa es la cifra anual de Colombia", sostuvo y detalló que este tipo de delitos genera pérdidas por 400 millones de dólares.

Sánchez explicó que en lo que va de este año "pública, notoria y comunicacionalmente" se han reportado 20 homicidios vinculados con BlackBerry, pese a que dentro del universo de equipos robados, estos representan un 9 %.

Indicó que prevén atacar el problema con una providencia avalada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel), la cual establecerá que las empresas de telefonía implementen un sistema automatizado de captura del Identificador Internacional del Equipo Móvil (IMEI, por su sigla en inglés).

Asimismo, se buscará que las operadoras conformen una base de datos unificada de denuncias, con la cual se evitaría que los teléfonos de una compañía puedan activarse en otra si han sido robados.

En el ámbito legal plantean reformas al Código Penal que permitan tipificar como delito la modificación por parte de personas que no sean fabricantes de los seriales de los equipos telefónicos, que se denominaría alteración fraudulenta.

También se busca penar a quienes hagan aprovechamiento de bienes producto de delito, en este caso, la venta de teléfonos robados.

Sánchez dijo esperar que en la primera semana de septiembre esté lista la providencia administrativa, mientras que para la segunda semana de ese mes se presentará a consideración de la Asamblea.