La Cámara de Diputados rechazó el miércoles por improcedente una acusación constitucional que buscaba la destitución del ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, a quien la oposición responsabiliza de excesos policiales.

La acusación se basaba también en la prohibición del ministro a permitir marchas callejeras de protestas por la céntrica avenida Bernardo O'Higgins.

Por 58 votos contra 49 se declaró improcedente la acusación.

Previa a la votación, el abogado Raúl Tavolari hizo una defensa de la actuación del ministro del Interior, desvirtuando las acusaciones.

El gobierno ha sido criticado por la oposición por una serie de excesos cometidos por la policía durante las protestas estudiantiles y gremiales registradas en los últimos tres meses.

El diputado opositor socialdemócrata José Pérez, durante la discusión previa, vinculó la acusación con la muerte del joven Manuel Gutiérrez la noche del 25 de agosto en las proximidades de un suburbio donde se registraba disturbios nocturnos.

Otras dos personas resultaron también heridas a bala en violentos incidentes nocturnos.

Hinzpeter afirmó, tras el fracaso de la acusación en su contra, que la oposición hacía un "oportunismo político" al vincular la muerte de Gutiérrez con su actuación como ministro.

Por la muerte del adolescente fue dado de baja el lunes y es procesado un sargento de la policía. Otros ocho fueron exonerados, incluso un general que era el segundo jefe de la zona metropolitana.

El joven muerto recibió un disparo de una subametralladora Uzi que el sargento reconoció haber efectuado, según las declaraciones que prestó en la fiscalía. Los otros policías fueron dados de bajo por complicidad o responsabilidad en el mando.

La prohibición del gobierno a las multitudinarias marchas por la avenida Bernardo O'Higgins, por los desmanes y destrozos que provocaban pequeños grupos de encapuchados, no evitó que en otras protestas autorizadas se registraran disturbios.

El gobierno ha estado enfrentado desde hace tres meses a multitudinarias protestas callejeras por parte de universitarios y secundarios, que demandan profundos cambios en la educación y el término del lucro en establecimientos que reciben aportes estatales.

Se espera que en los próximas días se abra el diálogo entre el gobierno y los dirigentes de las protestas.