El Tribunal Superior de la ciudad de Chennai (sur de la India) ordenó hoy una suspensión por ocho semanas de la ejecución de tres convictos por el asesinato del exprimer ministro indio Rajiv Gandhi, mientras estudia un nuevo recurso.

Los tres condenados, llamados Santhan, Murugan y Perarivalan, iban a ser ejecutados el próximo 9 de septiembre, pero han alegado ante la corte que la larga duración del juicio contra ellos -11 años- supone una violación de sus derechos fundamentales.

El Tribunal ha suspendido así por ocho semanas la orden de sus condenas a muerte mientras decide sobre el nuevo recurso, en un caso que está despertando una aguda polémica en la región sureña india de Tamil Nadu.

La presidenta india, Pratibha Patil, rechazó el 11 de agosto las peticiones de clemencia de los condenados.

Pero el caso ha levantado una ola de simpatía a favor de los convictos en la zona, y el Parlamento regional ha aprobado una resolución unánime para que Patil reconsidere su decisión.

Los tres convictos están implicados en el atentado suicida que acabó en 1991 con la vida del exprimer ministro indio Rajiv Gandhi, jefe del Partido del Congreso, hoy en el poder, y marido de la actual líder de esa formación, Sonia Gandhi.

Murugan, Santhan y Perarivalan forman parte del grupo de 26 personas a quienes un tribunal especial condenó a muerte en 1998 por participar en la conspiración que puso fin a la vida de Gandhi.

El Tribunal Supremo de la India redujo el año siguiente las penas de 22 de ellas pero confirmó las de Murugan, Santhan y Perarivalan, así como la que pesaba sobre una mujer identificada como Nalini y a la que posteriormente se le conmutó por la de condena perpetua.

Hijo de la primera ministra Indira Gandhi -asesinada a su vez en 1984 por extremistas sij-, Rajiv Gandhi ocupó la jefatura del Gobierno indio desde ese año hasta 1989, cuando su formación, el Partido del Congreso, perdió en unas elecciones generales.

Los condenados cuentan con apoyo en sectores tradicionalmente ligados a movimientos regionalistas tamiles, y la Policía detuvo este lunes a unos 100 estudiantes que participaban en una manifestación para pedir la conmutación de sus penas.