El gobierno del estado norteño de Nuevo León anunció el miércoles que investigará posibles actos de corrupción del hermano del alcalde de Monterrey, quien fue videograbado mientras recibía fajos de billetes dentro de casas de juego unos días antes del ataque incendiario en un casino que dejó 52 muertos.

El mismo día que propuso cambios legales para prohibir en adelante la instalación de casinos en el estado, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, dijo que se investigará cualquier hecho de corrupción "caiga quien caiga".

El diario Reforma divulgó el miércoles un video y fotografías supuestamente del hermano del alcalde de Monterrey Fernando Larrazábal recibiendo dinero de un hombre en un casino.

"Se abrirá una investigación, la gente lo exige y es nuestra obligación dar transparencia, por supuesto que se va a investigar, caiga quien caiga", dijo Medina. Aseguró que no desean la instalación de más casinos en su estado.

"Si hay complicidad o lazos de corrupción se debe de investigar", añadió.

"En Nuevo León no queremos más casinos y nos aseguraremos que los que ya operan lo hagan de manera clara", dijo el miércoles en rueda de prensa el gobernador Rodrigo Medina momentos antes de firmar las iniciativas de reformas a diversos ordenamientos legales, incluida la Constitución local.

Afirmó que también promoverá modificaciones a normas federales para que ninguna concesión de casinos sea otorgada en el país sin el previo reconocimiento de las autoridades estatales y municipales.

Las reformas plantean la prohibición de nuevos casinos. Permanecerán los que ya existen en el estado, pero su actividad será vigilada, dijo Medina.

El diario Reforma señaló que mientras el alcalde "encabeza en Monterrey una ofensiva en contra de casinos a los que acusa de operar fuera de la ley, su hermano Manuel Jonás Larrazábal ha acudido en múltiples ocasiones a recibir pagos en casas de apuesta".

El alcalde de Monterrey dijo el miércoles a la prensa que no se podía responsabilizar de las acciones de su hermano y aseguró que pedirá a la procuraduría estatal de justicia que investigue los hechos para que, en caso de ser responsable de alguna irregularidad, sea llevado a la justicia. "Los actos de mi hermano, no me puedo yo hacer responsable".

Autoridades han detenido hasta ahora a cinco presuntos miembros de Los Zetas, quienes confesaron haber participado en el ataque incendiario del 25 de agosto al Casino Royale de Monterrey, capital de Nuevo León.

El gobierno estatal ha dicho que al menos otras siete personas participaron en el atentado, cuyo móvil aparentemente fue la extorsión.

Varios hombres armados ingresaron en el Casino Royale de Monterrey el jueves, arrojaron gasolina e incendiaron el inmueble, según las autoridades. Jugadores y empleados quedaron atrapados dentro y se asfixiaron. La mayoría de las víctimas eran mujeres que jugaban o comían esa tarde.

El incidente fue el peor ataque relacionado con la violencia de las drogas contra civiles desde que Calderón lanzó en el 2006 una dura ofensiva contra el crimen organizado, que ha dejado al menos 35.000 muertos y un incremento enorme de la violencia.

El ataque llevó al gobierno a declarar tres días de luto nacional y ha provocado un debate sobre la manera en que operan ese tipo de centros de entretenimiento.

La Secretaría de Gobernación federal, responsable de dar los permisos a las casas de juego en México, aseguró que en el actual gobierno que inició en diciembre del 2006 no se ha otorgado ningún permiso propio, sino sólo a raíz de procesos judiciales iniciados por empresas con anterioridad.

Desde marzo, dos jueces federales son investigados debido a que han emitido fallos en relación con las operaciones de casinos.

La autoridad federal informó esta semana que actualmente hay 27 permisos que amparan la operación de 561 establecimientos (incluidos casinos, hipódromos, galgódromos y frontón), aunque sólo se tiene el reporte de que 306 funcionan.

El organismo de investigaciones Gambling Compliance Ltd., establecido en Londres, consideró posible que México se haya convertido en los últimos años en el mayor mercado de los juegos de azar en América Latina, y desplazado a Brasil, Panamá y Argentina. Incluso la mayor empresa del juego en México, la española Codere S.A. que cotiza en bolsa, dice que el aumento galopante del sector ha rebasado a la regulación gubernamental.

"El ritmo de crecimiento ha sido muy rápido y dejado atrás la capacidad del gobierno para aplicar las normas vigentes, como perseguir a quienes operan sin autorización", dijo el director de finanzas de Codere, David Elizaga, en una conferencia telefónica con inversionistas efectuada la semana pasada.

Tres grandes corporaciones tienen la mayoría de los permisos para casinos en el país: una compañía dirigida por el ex alcalde de Tijuana Jorge Hank Rohn, una subsidiaria de la cadena Televisa y Codere.

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Los periodistas de The Associated Press Katherine Corcoran, Elliot Spagat y Eduardo Castillo contribuyeron en la información.