Miles de campesinos paraguayos de una nueva agrupación de "sin tierras" se manifestaron hoy en Asunción para exigir al Gobierno la compra o expropiación de una franja de la frontera con Brasil, controlada por productores agrícolas del vecino país.

Se trata de la Liga Nacional de Carperos (LNC), una agrupación de "sin tierras" de las regiones agrícolas del centro, este y sureste del país, que en julio pasado desalojaron una finca del hacendado brasileño Tranquilo Favero, principal productor de Soja de Paraguay, luego de varios meses de ocupación.

Los manifestantes, alrededor de 6.000 según la Policía y 10.000 de acuerdo con los medios, marcharon por las principales calles hasta las plazas del Congreso y algunos de sus líderes fueron recibidos por el jefe de Estado, Fernando Lugo.

El grueso de los "sin tierras" procede del departamento de Alto Paraná, en la frontera con Brasil, donde habían ocupado una amplia franja de propiedad, aduciendo que era del Estado y no de Favero, quien posee extensas tierras agrícolas en varias regiones del país.

"Acá es una cuestión de soberanía nacional. Hay que darle arraigo a nuestra gente y proteger nuestras reservas naturales", afirmó a periodistas el gobernador de San Pedro, José Ledesma, que acompañó a los líderes campesinos en la reunión con el gobernante.

Los "carperos" del sureste de Paraguay reclaman 12.000 hectáreas que abarcan los distritos de Ñacunday, Santa Rosa y Santa Rita, todos con extensos cultivos de soja, principal fuente de divisas de la economía paraguaya.

Las familias campesinas consideran que en esa región hay unas 28.000 hectáreas de tierras de titularidad pública que están bajo el control de productores de origen brasileño conocidos como "brasiguayos".

Los campesinos exigen también la compra o expropiación de las tierras de Ulisses Rodrígues Teixeira, que representa a un grupo empresarial brasileño que controla extensas plantaciones de soja en los departamentos de San Pedro y Canindeyú.

Un proceso de compra de unas 22.000 hectáreas para asentamientos rurales, alentado por el Gobierno, se encuentra paralizado desde el año pasado tras denuncias de presunta sobrevaloración en el contrato con el organismo agrario oficial.