El Tribunal Supremo de Bolivia condenó el martes a 10 y 15 años de cárcel a cinco ex jefes militares, y a tres años de presidio a dos ex ministros, por la muerte de 64 manifestantes durante una revuelta popular que obligó a dimitir al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003.

Familiares de las víctimas irrumpieron en llanto mientras los sentenciados escucharon de pie y en silencio el veredicto de los jueces en una sesión pública y breve. Por casi 60 días los familiares se instalaron frente al tribunal para presionar por una sentencia en la sureña ciudad de Sucre, sede el Poder Judicial.

La ex cúpula militar fue sentenciada por los delitos de "genocidio en su modalidad de masacre sangrienta, homicidio y lesiones gravísimas", según el veredicto.

Se trata de los generales Roberto Claros, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas condenado a 15 años de cárcel;Gonzalo Rocabado, ex jefe del Estado Mayor recibió una pena 10 años; Juan Véliz, ex jefe del Ejército pasará 15 años en un presidio; Osvaldo Quiroga, ex comandante de la Fuerza Aérea fue sentenciado a 11 años y el Almirante Luis Alberto Aranda, ex jefe de la Armada 11 años.

También fueron condenados los ex ministros Erick Reyes Villa, de Desarrollo Sostenible y Adalberto Kuajara, de Trabajo, a tres años de cárcel cada uno.

La Fiscalía había pedido 25 años de cárcel, la máxima pena en Bolivia.

Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) fue el principal demandado pero no fue procesado por encontrarse ausente al igual de once de sus ex ministros quienes también abandonaron el país alegando persecución política. Todos ellos fueron declarados en rebeldía.

Su abogada Ana Reyes dijo en un comunicado desde Estados Unidos que el juicio fue "político" y que "ningún observador imparcial tomará en serio las sentencias".

"Vanos han sido los esfuerzos del Estado boliviano por lograr la extradición de Sánchez de Lozada y dos de sus ministros que viven en Estados Unidos", dijo Uribe. Esta primera sentencia puede acelerar los trámites de extradición, acotó.

El Departamento de Estado, de Estados Unidos, no respondió de inmediato a una consulta de AP sobre el estado de la solicitud boliviana.

El ex mandatario se refugió en Estados Unidos tras su caída y actualmente vive en un suburbio de Washington. Sólo dos ministros y la cúpula militar de entonces afrontaron el juicio oral y público que duró dos años y tres meses.

Uno de los 17 acusados murió en junio en Miami, el ex ministro de Gobierno, Yerko Kukoc.

"La sentencia es clara y se debe cumplir en la cárcel", dijo el Fiscal General Mario Uribe, tras la sesión.

Sólo Véliz estuvo detenido, los otros afrontaron el juicio en libertad. Tras la sesión, los siete sentenciados fueron conducidos el penal de San Roque en la ciudad de Sucre, 410 kilómetros al sur de La Paz donde cumplirán su sentencia.

"Hoy vuelvo a reiterar mi inocencia, y continuaré proclamándola hasta que mi corazón deje de latir. El general Juan Véliz no jaló del gatillo ni encendió la mecha, jamás ordenó matar", dijo el militar en primera persona tras la audiencia.

Conocido como "Octubre Negro", las protestas sociales de 2003 cambiaron dramáticamente el curso político del país. Marcaron el derrumbe de los partidos tradicionales y el ascenso de nuevos líderes entre ellos el actual presidente Evo Morales, quien saltó a la política desde los combativos sindicatos cocaleros.

Los dirigentes que alentaron las protestas fueron amnistiados por el presidente Carlos Mesa (2003-2005) que sucedió a Sánchez de Lozada a pesar del pedido de algunos acusados de incluir a Morales y otros sindicalistas en el juicio.

Mesa era vicepresidente de Sánchez de Lozada pero renunció cuando ocurrieron las primeras muertes.

La amnistía aprobada por Mesa, "sólo favoreció a los agentes subversivos y sediciosos y llevó a que exista este tipo de condenas en contra de funcionarios que cumplieron la ley", afirmó Elizabeth Vargas abogada de los acusados tras escuchar la sentencia.

Sánchez de Lozada dijo, durante el conflicto y después, que se trató de "levantamiento del narcosindicalismo" para derrocarlo. El general Rocabado alegó en el juicio que los militares afrontaron una "insurrección armada para desestabilizar al Gobierno".

El ex comandante castrense Roberto Claros reconoció que "fue sobrepasado por el factor político durante el conflicto".

La oposición de varios sectores de la población a un proyecto para exportar gas natural, la mayor riqueza del país, por un puerto de Chile, gatilló las protestas. Bolivia perdió su litoral en una guerra con Chile en 1879.

Por orden del gobierno, los militares salieron a las calles para romper barricadas callejeras que dejaron sin combustibles ni alimentos a La Paz por más de 15 días. La represión dejó 64 muertos y 405 heridos, dijo Uribe. Los manifestantes enfrentaron a los soldados con palos, piedras y algunos mineros usaron dinamita en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz y epicentro del conflicto.

El presidente Morales fue el primero que presentó una acusación en 2003 cuando todavía era diputado en contra de los responsables de la "masacre". Los acusados demandaron que el mandatario también sea procesado por instigar las protestas.

El tribunal interrogó a Morales por escrito. Este respondió que durante el conflicto estaba en el Chapare, la zona cocalera del centro del país, "coordinando actividades de interés nacional con las organizaciones sociales, autoridades e instituciones mediadoras (en el conflicto) a fin de canalizar las iniciativas y solicitudes de los ciudadanos".

Es la primera vez que jefes militares y políticos son sentenciados en el país por la muerte de manifestantes en protestas antigubernamentales.