Un fuerte rechazo de los organismos de derechos humanos provocó la inclusión de un asesino y de una colaboradora del aparato represivo de la dictadura chilena (1973-1990) en un listado de víctimas del régimen militar que les dará derecho a recibir una pensión mensual vitalicia.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, demandó el lunes la revisión del último listado de torturados y presos políticos publicado 11 días atrás.

Con este último informe, el número total de víctimas ascendió a 40.043: 36.948 prisioneros o torturados y 3.095 ejecutados o detenidos-desaparecidos.

La inclusión en el listado da derecho a recibir una pensión mensual vitalicia equivalente a unos 256 dólares.

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, dijo que "no vamos a aceptar que un individuo... que cometió crímenes tan alevosos contra compañeros nuestros, que un criminal como éste pueda ser pagado, financiado, con los dineros de todos los chilenos".

Luz Arce, socialista, y Miguel Estay Reyno, comunista, fueron quebrados por las torturas y se convirtieron en delatores. Estay, además, abrazó las ideas de la dictadura e integró un comando asesino.

La presidenta de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, cuya primera versión data de 2003, María Luisa Sepúlveda, dijo que "a nosotros lo que nos pidieron fue no que juzgáramos los actos posteriores de las personas" sino comprobar si habían sido víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado.

"En el caso de estas dos personas (Arce y Estay) estaba probado", agregó.

Arce, detenida en 1974, sufrió salvajes torturas hasta transformarse en colaboradora. Con el retorno de la democracia, en 1990, se creó una comisión que cuantificó a los ejecutados y desaparecidos. Arce colaboró con los comisionados.

Estay, un militante comunista, se convirtió en un agente de un comando represivo de la fuerza aérea y de otro de la policía. Actualmente cumple cadena perpetua, en una cómoda prisión construida especialmente para violadores de los derechos humanos, por su participación en el secuestro y degollamiento de tres militantes comunistas en marzo de 1985.

En tanto en el listado también se incluyó a Galvarino Apablaza Guerra, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador derechista Jaime Guzmán, acribillado en abril de 1991. Chile pidió su extradición a Argentina, donde se le concedió refugio político.