Un ex marino deberá recorrer los predios donde funcionaron cinco centros clandestinos de detención y tortura durante la última dictadura militar (1976-1983) en Argentina para evitar que se lo juzgue por brindar falso testimonio en un juicio contra los represores que supuestamente asesinaron a su sobrina.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi dispuso que Angel Esteban Valoy visite la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro de torturas durante el régimen; y otras cuatro emblemáticas prisiones clandestinas conocidas como Automotores Orletti, Club Atlético, Olimpo, Virrey Ceballos, El Vesubio. También el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado ubicado en el Parque de la Memoria de esta capital, según el fallo publicado el lunes en el sitio del Poder Judicial.

El propósito de la medida judicial, sostuvo el juez, es que Valoy "tome conocimiento y contribuir a una posible reflexión sobre la crueldad e ilegalidad de la actuación de las fuerzas armadas en aquella época".

Valoy, un ex suboficial de la Marina, había sido procesado sin prisión preventiva en diciembre de 2010 tras declarar en un juicio oral contra ex militares acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en "El Vesubio", entre ellos los de su sobrina María Isabel Valoy y su esposo Diego Guagnini.

Cuando al ex marino, de 73 años, se lo consultó sobre las circunstancias relacionadas a la desaparición de la pareja, ambos militantes de la agrupación guerrillera Montoneros, se refirió a "versiones de que andaban en algo raro" y se mostró reticente a contestar otras consultas de las partes y del tribunal.

En aquel entonces, Valoy recibió de los secuestradores de la pareja al hijo de 18 meses, al cual envió con su familia materna.

Para el juez de Giorgi, "la producción de ese tipo de sentencias sociales para referirse a las víctimas de desaparición forzada hablan por si de mecanismos de lenguaje destinados a la justificación de los crímenes aberrantes que funcionan aún hoy como eximentes de responsabilidad internalizados para quien como en este caso- debía haber sabido, en su condición de familiar y miembro de las Fuerzas Armadas, de la atroz ilegalidad de la actuación del aparato militar".

Y consideró que Valoy también "entorpeció el correcto funcionamiento de la administración de justicia, que procuraba evitar la errónea construcción de sucesos pasados".

En el proceso en su contra, el acusado había solicitado la suspensión del juicio a prueba y había ofrecido realizar tareas comunitarias en una parroquia por un año.

Al justificar el rechazo a esta solicitud, el magistrado argumentó que "no es seguro que el señor Valoy pueda incorporar la información sobre la tortura, la desaparición, el sufrimiento, la conciencia sobre lo que es debido e indebido en una sociedad democrática basada en la justicia, pero más cierto es que no será sólo en la propuesta formulada por la defensa, donde hallará el mecanismo para acercarse al efecto dañino que produce su resistencia a contribuir al esclarecimiento de la verdad sobre los hechos".

En Argentina 30.000 personas desaparecieron durante la dictadura, según los organismos de derechos humanos. Las cifras oficiales las reducen a 13.000.