Las autoridades del penal de Vellore, en Tamil Nadu, sur de la India, han fijado para el 9 de septiembre la ejecución de tres condenados por el asesinato en 1991 del ex primer ministro Rajiv Gandhi, informó hoy la agencia local IANS.

Según la fuente, las autoridades carcelarias han comunicado a los condenados que serán ahorcados ese día a primera hora de la mañana, después de que la presidenta india, Pratibha Patil, última instancia decisoria, rechazara el 11 de agosto una petición de clemencia.

Vinculados a la guerrilla tamil e identificados como Murugan, Santhan y Perarivalan, los tres tienen restringido sus movimientos en el interior del penal, y permanecen en sus celdas sin posibilidad de acceder al resto de la instalación carcelaria.

Murugan, Santhan y Perarivalan forman parte del grupo de 26 personas a quienes un tribunal especial condenó a muerte en 1998 por participar en la conspiración que hace veinte años puso fin a la vida de Rajiv Gandhi, en un atentado cometido por una mujer suicida.

El Tribunal Supremo del país redujo el año siguiente las penas de 22 de ellas pero confirmó las de Murugan, Santhan y Perarivalan, así como la que pesaba sobre una mujer identificada como Nalini y a la que posteriormente se le conmutó por la de condena perpetua.

Hijo de la primera ministra Indira Gandhi -asesinada a su vez en 1984 por extremistas sij-, Rajiv Gandhi ocupó la jefatura del Gobierno indio desde ese año hasta 1989, cuando su formación, el Partido del Congreso, perdió en unas elecciones generales.

Tras anunciarse la fecha de la ejecución, varios líderes políticos de Tamil Nadu ha pedido a la viuda de Gandhi y actual líder del Partido del Congreso, Sonia Gandhi, que interceda ante las autoridades judiciales para salvar la vida de los tres condenados.

Sonia Gandhi se encuentra en Estados Unidos, convaleciente de una operación quirúrgica para, según los medios locales, extirparle un tumor, y no está previsto que regrese a la India hasta la primera semana de septiembre, apenas días antes de la fecha de ejecución.

Constitucionalmente, la presidencia del país es, además, la última instancia decisoria en casos de pena de muerte.

La última ejecución en la India tuvo lugar en 2004, pero tras siete años de moratoria de hecho sobre ese tipo de condenas, la presidenta Patil comenzó el pasado mayo a denegar peticiones de perdón y dar vía libre al regreso de los ajusticiamientos.