Los dos principales partidos políticos de España acordaron el viernes introducir una enmienda en la Constitución para autoimponerse disciplina presupuestaria y evitar en el futuro una crisis de deuda como la que padece actualmente el país.

La reforma prohibirá a las administraciones públicas incurrir en un déficit que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea. La nación ibérica, que soporta una tasa de desempleo de casi el 21%, trata de evitar un rescate financiero como el que ya necesitaron Grecia, Irlanda y Portugal.

El acuerdo fue alcanzado el viernes de madrugada entre los equipos negociadores del gobernante Partido Socialista y el conservador Partido Popular. Algunos partidos minoritarios de izquierda y nacionalistas mostraron su rechazo a la reforma y reclaman la convocatoria a un referéndum.

La iniciativa se registró posteriormente en el Parlamento, donde previsiblemente será votada en septiembre, antes de las elecciones generales del 20 de noviembre.

La Constitución no establece un techo númerico propiamente. La modificación del artículo 135 de la Carta Magna señalará como filosofía general que "todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria".

Pero el texto compromete a las fuerzas políticas a aprobar una ley antes del 30 de junio de 2012, en la que se fije en un 0,4% del producto interno bruto (PIB) el déficit máximo del conjunto de las administraciones a partir del 2020.

La posibilidad de endeudarse se distribuirá entre un 0,26% del PIB para el Estado central y un 0,14% para cada una de las 17 comunidades autonómas del país.

El dirigente socialista Antonio Hernando dijo que el acuerdo es "positivo para la economía de España, para la confianza en nuestras instituciones y también para los ciudadanos".

"Es un buen acuerdo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político", agregó la portavoz de los populares, Soraya Saénz de Santamaría.

España se recupera de dos años de una profunda recesión, pero el consumo sigue estancado y el desempleo se mantiene desde hace meses alrededor del 20%, con más de 4,6 millones de personas desocupadas.

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció sorpresivamente el martes su intención de reformar la Constitución para imponer disciplina en las cuentas públicas. El opositor PP, tradicionalmente enfrentado al socialismo, apoyó la iniciativa.

Y sólo han necesitado tres días para ponerse de acuerdo.

La propuesta llegó una semana después de que el presidente francés, Nicolás Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, exhortaran a los países de la eurozona a equilibrar sus balances a través de reformas constitucionales.

Alemania, por ejemplo, ya modificó su Constitución para introducir una enmienda similar.

Sin embargo, la reforma que tiene previsto aprobar España ha encontrado oposición en algunas voces del socialismo y, sobre todo, en Izquierda Unida y algunos partidos nacionalistas, que reclaman la convocatoria a un referéndum.

Socialistas y populares — que suman mayoría suficiente en las cámaras legislativas para sacar adelante la propuesta — la rechazan.

Izquierda Unida aseguró que esta medida es una "puñalada al estado del bienestar" y no descartó movilizaciones de protesta.

En las redes sociales, especialmente Twitter, las principales plataformas que impulsaron la llamada revolución de los indignados en mayo también rechazaron la enmienda y a través de la etiqueta "‥yoquierovotar" exigen una consulta popular.