Ventas bajo presión armada y suplantación de personas en documentos provocaron que al menos 41.790 hectáreas fueran despojadas a sus legítimos dueños --incluido el mismo Estado-- en los últimos 20 años por parte de actores ilegales, entre ellos una pariente de un fallecido líder paramilitar.

Las 41.790 hectáreas están distribuidas en 1.400 distintos lotes o fincas rurales en seis distintos municipios como Apartadó, Necoclí y Arboletes, todos ubicados en el departamento de Antioquia, en el noroeste del país, dijo en diálogo telefónico Jorge Enrique Vélez, jefe de la Superintendencia de Notariado y Registro, que detectó las irregularidades en los procesos de compra-venta de tierras en aquella región.

Como el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se ha comprometido en proceder a titular y a devolver unas dos millones de hectáreas a lo largo de cuatro años de gestión (agosto 2010-agosto 2014), el mandatario solicitó a inicios de su gobierno que la Superintendencia revisara todos los registros de propiedad y compra-venta de lotes, de forma de saber cuántos pueden haber sido adquiridos, traspasados u ocupados de forma irregular, según Vélez.

En esa investigación, en la zona conocida como el Urabá Antioqueño, fue que la Superintendencia encontró en las oficinas locales de registro los documentos con diferentes irregularidades como que a una sola persona tuviera poderes legales para esas operaciones de compra-venta: Sor Teresa Gómez, cuñada de los fallecidos líderes paramilitares Fidel, Vicente y Carlos Castaño.

Gómez permanece prófuga y es acusada del asesinato en 2007 de una activista que reclamaba la devolución de tierras en el Urabá Antioqueño y en el vecino departamento de Córdoba.

Vélez dijo que una porción de esas hectáreas despojada en Antioquia eran terrenos baldíos o de propiedad del Estado, pero aseguró no disponer de inmediato de la cantidad exacta que era de la Nación, de mediados productores y campesinos.

Se presume que en las irregularidades participaron funcionarios y ex funcionarios de entidades oficiales agrícolas y de fondos de ganaderos, pero será la Fiscalía General la que determine las responsabilidades penales en esa falsificación de registros de compra-venta, suplantación de nombres e incluso ventas masivas a nombre de una única persona como en el caso de Gómez.

Vélez agregó que entregó en la jornada todos los datos a la Fiscalía para la investigación sobre quiénes participaron en la falsificación de documentos, presiones para esas ventas ilegales, entre otros aparentes delitos.

Como uno de los mayores compradores de esos lotes en Antioquia fue el llamado Fondo Ganadero de Córdoba, Vélez dijo que corresponde al ente investigador determinar quiénes fueron los responsables de ese despojo a lo largo de dos décadas.

Los fondos surgieron en la década de los años 60 como entes públicos-privados en los que tienen acciones desde el Ministerio de Agricultura, hasta los gobiernos de los departamentos y particulares, y el fondo usa los dineros que recibe en la compra de esas acciones para distintos proyectos de explotación y desarrollo ganadero, explicó telefónicamente José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN).

Tras conocerse en la jornada el caso del Urabá, "lo que yo demando del gobierno, que es el dueño del Fondo Ganadero de Córdoba, que tome una serie de decisiones" sobre si lo mantiene y qué políticas seguir en el segmento de ganadería.

Los cálculos del gobierno son que en los últimos 25 años en Colombia, un país de 114 millones de hectáreas, al menos dos millones de ellas les fueron robadas a campesinos por grupos armados ilegales, otras cuatro millones de hectáreas fueron abandonadas por sus propietarios por temor al accionar de eso ilegales e incluso al Estado le fueron "robadas" entre 400.000 a 500.000 hectáreas en procesos fraudulentos en notarías y registros, según ha dicho el ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo.