Un tribunal de apelaciones confirmó el procesamiento con prisión del general en actividad Miguel Dalmao por el homicidio de una militante comunista en 1974 y del coronel retirado José Chialanza, también imputados de ese crimen, se informó oficialmente el jueves.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) informó el fallo del tribunal, una de cuyas copias fue remitida a la AP.

El fallo ratifica la decisión del juez penal Rolando Vomero de noviembre en el que había dispuesto su procesamiento.

Dalmao fue el primer alto oficial del ejército activo en ser enviado a prisión preventiva por un caso de homicidio. Nibia Sabalsagaray murió en un batallón de comunicaciones a cargo de Chialanza, mientras Dalmao --que era alférez-- estaba de guardia. Sabalsagaray murió ahorcada en un homicidio que se habría hecho pasar por suicidio.

La detención de Dalmao causó irritación en los altos mandos militares y el comandante del ejército Jorge Rosales declaró públicamente que creía en su inocencia.

El presidente José Mujica causó sorpresa cuando visitó a Dalmao en marzo en el hospital militar mientras permanecía internado por dolencias cardíacas, lo que originó reacciones adversas en el seno de la coalición oficialista del Frente Amplio y en organizaciones de derechos humanos. Mujica, un ex integrante del movimiento subversivo tupamaro, sólo declaró que quería conocer su estado de salud.

Según el fallo del tribunal de apelaciones Dalmao fue "quien interrogó a Sabalsagaray y se sirvió de la violencia para obtener la información que requería, sobreviniendo la muerte de la referida en tales circunstancias".

Tras rechazar la tesis del suicidio, el tribunal aseguró que "es ingenuo y hasta pueril sostener que se ahorcó con un pañuelo de seda que por error se le permitió permanecer consigo".

Por procesos derivados de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1985) en el marco de la represión antisubversiva, una veintena de uniformados están presos, algunos preventivamente y otros con condenas ya dictadas. Entre ellos se encuentra el ex jefe del ejército, general retirado Gregorio Alvarez, condenado a 25 años de prisión por asesinatos y desapariciones.

En Uruguay hubo una treintena de desaparecidos y otros 150 uruguayos corrieron igual suerte en Argentina en las campañas represivas del llamado "Plan Cóndor" de coordinación de las de las dictaduras del Cono Sur.

El 1 de noviembre prescriben todos los delitos cometidos durante el régimen de facto uruguayo al cumplirse el plazo máximo de 26 años y ocho meses desde el 1 de marzo de 1985, cuando se instaló el primer gobierno democrático tras la dictadura.