Abogados del Gobierno de EE.UU. y una coalición de grupos cívicos y religiosos pidieron hoy en un tribunal de Birmingham la suspensión de una ley que criminaliza a los inmigrantes indocumentados en Alabama y castiga a quienes les contraten u ofrezcan ayuda.

Durante una audiencia que se prolongó todo el día, los abogados del Departamento de Justicia y activistas de la comunidad inmigrante pidieron a la jueza Sharon Blackburn que frene la puesta en marcha de la ley H.B.56 el próximo 1 de septiembre, porque sólo el Gobierno federal tiene potestad de hacer cumplir las leyes de inmigración.

Hace varias semanas, Blackburn había decidido consolidar en un solo caso las demandas entabladas por el Departamento de Justicia, ACLU y una coalición de grupos cívicos, y varias iglesias. No está previsto que la jueza emita hoy mismo un dictamen sobre el caso.

"Nos parece que esta ley de Alabama interfiere con las tareas del Gobierno federal sobre las leyes migratorias, viola la Constitución de EE.UU., atropella los derechos civiles de las personas, y obliga a la policía a hacer las veces de agentes de inmigración", dijo a Efe André Segura, abogado del Proyecto de los Derechos del Inmigrante de la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU).

"Esta ley permitiría las detenciones prolongadas de los inmigrantes. Esperamos que la juez atienda nuestra solicitud de suspenderla", agregó Segura, quien viajó a la audiencia desde la ciudad de Nueva York.

La ley, que se inspiró en la SB1070 de Arizona de 2010 -frenada parcialmente en las cortes-, exige que la Policía, cuando detenga a alguien por alguna infracción, le pida los "papeles" si sospecha que es un inmigrante indocumentado.

También criminaliza la presencia de indocumentados en Alabama y castiga a quienes les ofrezcan transporte, albergue o cualquier otro tipo de ayuda.

Además, exige que las escuelas públicas determinen el estatus migratorio de todos los estudiantes inscritos, y obliga a las empresas a que usen el programa "E-Verify" para verificar el estatus legal de sus nuevos empleados, so pena de multas.

Alabama, Georgia, Utah e Indiana han impulsado leyes similares a la SB1070 de Arizona para estrechar el cerco a los indocumentados. Pero tanto en Arizona como en los demás sitios, los tribunales han bloqueado esas medidas.

La ley H.B.56, en todo caso, es síntoma de un creciente fenómeno en Estados Unidos: ante la ausencia de una reforma que corrija de una vez el problema de la inmigración ilegal, los Gobiernos estatales han sopesado o adoptado sus propias leyes migratorias.

Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL, por su sigla en inglés), entre enero y junio pasado, varios Gobiernos estatales aprobaron 151 leyes y 95 resoluciones relacionadas con el tema migratorio.

De un lado, están la mayoría de los legisladores republicanos, y grupos conservadores afines, que exigen "mano dura" contra los indocumentados, a quienes culpan de "robar" empleos a los estadounidenses, deprimir los salarios, y aumentar la criminalidad.

Del otro lado del debate, está un nutrido grupo de activistas que exigen la legalización de los indocumentados, argumentando que estos contribuyen al crecimiento económico de EE.UU. y ayudarían a disminuir el déficit mediante el pago de impuestos.