Dos hispanas que tienen pendientes casos de deportación imploraron el miércoles a un funcionario del Departamento de Seguridad Interna que el gobierno ponga fin al programa de Comunidades Seguras que obliga a la policía a compartir información de arrestados con las autoridades de inmigración.

Una de las mujeres, María Bolaños dijo en su testimonio en español, ante Marc Rapp, el director adjunto en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para ese programa, que fue detenida después de llamar a la policía en Maryland por una pelea con su pareja.

Fue arrestada, afirmó, y acusada de vender ilegalmente tarjetas de llamadas telefónicas. Ahora está en proceso de deportación debido a que sus huellas dactilares fueron compartidas con las autoridades de inmigración y fue identificada mediante Comunidades Seguras como una persona sin permiso para estar en Estados Unidos.

"Yo no soy delincuente", manifestó Bolaños al expresar el temor de que sea separada de su hija joven.

Bolaños, junto con Florinda Lorenzo, confrontó a Rapp durante una audiencia pública sobre Comunidades Seguras, que le permite a las autoridades de inmigración examinar las huellas dactilares enviadas al FBI para identificar a las personas que han sido detenidas y no tienen permiso para estar en el país.

Después de que Bolaños y Lorenzo le expusieron su situación a Rapp, quien no respondió, unas 200 personas abandonaron la audiencia mientras coreaban en referencia al cuestionado programa "liquídenlo, no lo enmienden".

Gustavo Andrade, director de organización en la Casa Maryland, le pidió a la comisión especial que renunciase, y luego encabezó la salida de los manifestantes.

Escenas similares se han presentado en otras audiencias públicas sobre el programa Comunidades Seguras realizadas en Dallas, Los Angeles y Chicago.

Rapp se abstuvo de hacer declaraciones sobre el episodio del miércoles.

El foro público fue el cuarto que realizan miembros del grupo especial de Seguridad Nacional con la misión de presentar recomendaciones para mejorar el programa, que según los críticos ha permitido la deportación de miles de personas detenidas por infracciones menores de tránsito o de otro tipo. Los detractores afirman también que los estados han sido forzados a participar en el programa, pese al anuncio original de que ese programa sería opcional.

A principios de mes, el director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, John Morton, informó que su agencia cancelaba previos acuerdos firmados con estados, y aseguró que el permiso de los estados no era necesario para el programa que permite compartir las huellas dactilares.

Acualmente hay varios estados, entre ellos Illinois y Massachusetts, que han manifestado su intención de no participar.

El programa auspiciado por las autoridades inmigratorias se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno de Barack Obama que ha continuado pese a la oposición de los grupos hispanos y defensores de inmigrantes cuyo respaldo necesita el presidente.