Un teniente coronel en retiro del Ejército fue condenado a 23 años y tres meses de prisión por el homicidio de un hombre al que reportó falsamente como un guerrillero abatido en combate, informó el jueves la Fiscalía General.

Fue la segunda condena en contra del teniente coronel en retiro Luis Fernando Borja Aristizábal, quien ya en julio había recibido una primera sentencia a 21 años de prisión por la ejecución extrajudicial de otros dos hombres en la costa del Caribe colombiano en noviembre del 2007.

La nueva condena se refiere al asesinato de Ángel Gabriel Berrío Vides, baleado el 17 de febrero de 2008 en una finca del municipio de San Benito Abad, en el departamento de Sucre, a unos 420 kilómetros al norte de Bogotá, indicó la Fiscalía en un comunicado en su página de internet.

Borja aceptó su responsabilidad en la muerte del campesino Berrío, dijo la Fiscalía al explicar que al oficial retirado se le imputaron delitos de homicidio agravado en calidad de coautor y falsedad en documento público.

Junto al oficial, quien fue comandante de la llamada Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, tambien fueron condenados por el mismo caso de Berrío un suboficial, a 23 años y tres meses de cárcel, y tres soldados a penas entre 18 y 20 años de prisión, aseguró la Fiscalía.

De acuerdo con el ente investigador, ya en la primera condena Borja había confesado que "se trató de homicidios premeditados y relacionó nombres de oficiales, suboficiales y soldados que intervinieron tanto en ese como en otros hechos perpetrados por la misma unidad castrense, cuya posible responsabilidad en no menos de 50 homicidios es investigada".

Desde fines de 2008, cuando se descubrió que algunas bajas reportadas por los militares en realidad eran ejecuciones extrajudiciales, la Fiscalía ha recibido denuncias de que 2.701 personas habrían sido víctimas de esa práctica.

Según estadísticas del organismo investigador, hasta abril pasado 344 militares habían sido condenados por estos hechos. Por lo menos otros 700 uniformados están vinculados a procesos penales en la Fiscalía y en juzgados de Colombia.

En octubre de 2008, el entonces mandatario Alvaro Uribe (2002-2010) y el actual presidente Juan Manuel Santos, quien para el momento del escándalo de las ejecuciones era el ministro de Defensa, destituyeron a 27 militares, entre ellos a tres generales, que por acción u omisión habrían tenido alguna responsabilidad en esas ejecuciones.