Los nueve militares reclamados por un juez español que los procesa por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989, abandonaron el viernes el cuartel donde se habían resguardado luego que la Corte Suprema de Justicia invalidó un pedido de capturarlos difundido por Interpol, la organización de policías internacionales.

"La Corte Suprema de Justicia ha notificado al ministerio de la Defensa Nacional, a la Policía Nacional Civil , a la Interpol y también a ellos (los militares) que a partir de ahora quedan en irrestricta libertad", dijo a los periodistas el abogado defensor Lizandro Quintanilla.

"Con esta resolución, ni la Interpol, ni la policía nacional civil pueden capturarlos, sin, y solo con la autorización de la Corte Suprema de Justicia", agregó el abogado Eduardo Cardoza. "Ellos quedan en libertad irrestricta, cada quien va para su casa, nadie puede tocarlos, son hombres libres", agregó.

El juez Eloy Velasco, del juzgado Central de Instrucción de Madrid, España, pidió la captura internacional de los nueve ex oficiales que integraban la cúpula militar cuando los sacerdotes españoles fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989 en el marco de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

El grupo de militares se entregó a un cuartel, mientras sus abogados presentaron el recurso con el que la Corte Suprema definió que la "circular roja" de Interpol no representaba ningún compromiso de arrestarlos.

El magistrado Néstor Castaneda que presidió la reunión de la Corte Plena, que con esta resolución se desecha la presunción que la policía podía actuar en base a la difusión roja emitida por la Interpol y señaló que "ya con el texto de la resolución se determina que no se podía proceder sin orden judicial".

"Esta es una jurisprudencia que quedó asentada a partir de la resolución que la autoridad competente es la Corte Suprema de Justicia, (que) cualquier difusión o cualquier solicitud de detención preventiva debe pasar por este filtro que nosotros hemos calificado es un filtro jurídico-político", agregó.

Pero Castaneda aclaró que si los militares salvadoreños salen del país corren el peligro de ser capturados".

Pero reiteró que "en El Salvador queda claramente establecido que la difusión por sí misma no constituye una solicitud de detención".

El magistrado Juan De Dios Guzmán explicó que la resolución no ha sido comunicada al juez Eloy Velasco de la Audiencia Española, "en su caso es posible que lo haga la Interpol, porque la Audiencia ni el juez han tenido comunicación con nosotros".

Al confirmar la resolución de la Corte, Cardoza dijo que "creemos que el Reino de España va a pedir la extradición", pero señaló que si eso sucede, "nadie los puede capturar sin la autorización de la Corte".

Castaneda dijo que si llega a la Corte un pedido de extradición de los militares, "tendría que hacerse por las vías diplomáticas correspondientes y tendremos que hacer ya un análisis completo de todos los elementos probatorios".

Al conocerse la resolución, Benjamín Cuéllar, que preside el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica (UCA), advirtió que el proceso continuará en España y presagió que podrían ser "condenados en ausencia".

Los seis sacerdotes jesuitas que trabajaban en la UCA y dos empleadas fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989 por soldados durante una ofensiva guerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En un inicio el gobierno salvadoreño intentó culpar a los guerrilleros del asesinato.

Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del Batallón elite Atlacatl, entrenado en Estados Unidos, fueron procesados por la matanza pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados. Otros dos fueron beneficiados posteriormente por una amnistía decretada en 1993 por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), pocas horas antes de que se divulgara un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que responsabilizó a los altos mandos militares del asesinato de los jesuitas.

La UCA ha dado por cerrado el caso en contra de los autores materiales, pero sigue reclamando el esclarecimiento de la autoría intelectual.