El Congreso aprobó una ley que obliga a consultar a los pueblos indígenas sobre actividades económicas de explotación de recursos naturales que pudieran afectar sus comunidades o territorios ancestrales.

La norma, que era demandada desde hace 16 años por las comunidades indígenas, fue aprobada el martes en la noche por unanimidad por 113 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Se convirtió así en la primera norma aprobada por el nuevo parlamento, que asumió funciones simultáneamente a la asunción al poder del presidente Ollanta Humala el 28 de julio.

La denominada Ley de Consulta Previa deberá ser ratificada por Humala para entrar en vigor.

El debate de la ley estuvo en la agenda del Congreso desde junio del 2009, cuando una protesta de nativos amazónicos contra dos decretos que consideraban facilitaban la venta de sus territorios ancestrales a empresas petroleras y gasíferas, devino en un violento enfrentamiento que dejó 23 policías muertos y uno desaparecido, y 10 civiles fallecidos.

La ley había sido ya aprobada por el legislativo en mayo durante la gestión de Alan García (2006-2011), pero fue observada y devuelta al Congreso por el entonces mandatario.

"Estamos ante una posibilidad real de poder sentarnos a conversar y entendernos. Entendamos que la Ley de la Consulta era una absoluta necesidad en el país", resaltó el miércoles el ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, en entrevista con Radio San Borja.

"Hay toda una serie de desencuentros entre dos mundos que no tenían ningún puente para conversar, y creo que la consulta previa va a obligar a sentarse a las partes", añadió.

La ministra de la Mujer, Aída García Naranjo, dijo que la ley aprobada redundará en una reducción de casos de conflicto social, que se han contabilizado en más de 200 en Perú, y que se suscitan por la oposición de poblaciones a las actividades extractivas de recursos naturales que consideran perjudiciales para su comunidad.

El congresista oficialista Eduardo Nayap, dirigente de la etnia amazónica Awajún, destacó que el congreso dio una "muestra de patriotismo que pasará a la historia", y que dijo será agradecida por los pueblos amazónicos, andinos y afroperuanos.

La norma aprobada es parte de un derecho contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Perú en diciembre de 1993.