Representantes de organizaciones de solidaridad se concentraron frente al cuartel donde se resguardan los militares retirados implicados en el asesinato de sacerdotes jesuitas españoles en 1989 y exigieron que sean capturados y puestos a disposición de las autoridades judiciales.

"También exigimos que la Corte Suprema de Justicia no siga dándole vueltas al asunto y decida la situación jurídica de esta gente que es reclamada por la justicia internacional", dijo el miércoles a la AP la abogada Loyda Robles de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.

"Estamos aquí para exigir que se proceda a la captura de estos militares y se pongan a la orden de un juez", agregó mientras casi un centenar de personas de concentraban en la entrada principal de la Brigada Especial de Seguridad Militar, donde se encuentran los ex oficiales.

Robles dijo que los activistas temen "que al final sea una burla para la justicia y que la Corte al final salga apoyando a los militares, que rechacen la captura y la extradición".

Los nueve ex oficiales se entregaron a un cuartel y no fueron detenidos por las autoridades ante una orden de captura emitida por un juez español por su implicación como autores intelectuales del asesinato de los sacerdotes.

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Néstor Castaneda dijo que continúan las reuniones de Corte Plena (los 15 magistrados) para analizar si procede la orden de captura internacional y un eventual pedido de extradición por parte de España.

El juez Eloy Velasco, del juzgado Central de Instrucción de Madrid, España, pidió a la Interpol a principios de agosto que emitiese alerta roja para la detención para procesar un pedido de extradición ya que ninguno de los oficiales castrenses se presentó voluntariamente a declarar sobre el caso.

Los militares fueron identificados como Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Helena Fuentes, Juan Orlando Zepeda, Mariano Amaya Grimaldi, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Antonio Ramiro Avalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo.

Un décimo supuesto implicado, el coronel retirado Inocente Orlando Montano, fue detenido el martes en la ciudad estadounidense de Boston. Enfrenta el cargo de hacer declaraciones falsas en un documento de inmigración. Pero se espera que el juez Velasco pida su extradición al Departamento de Justicia de los Estados para que comparezca en el juicio entablado en España.

Para Domitila Ascencio, de 73 años y una de los líderes del Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos durante la guerra (1980-1992), "estos criminales están aquí hospedados, pasan en la piscina, burlándose de la justicia, queremos que los capturen los lleven presos como a cualquier ciudadano que ha cometido un delito".

Los jesuitas y dos empleadas fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989 por soldados durante una ofensiva guerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

En un inicio el gobierno salvadoreño intentó culpar a los rebeldes del asesinato. Los sacerdotes jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados con tiros en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín exterior de la casa en que vivían dentro del campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados, del Batallón elite Atlacatl entrenado Estados Unidos fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados otros dos fueron beneficiados posteriormente por una amnistía en 1993.

La UCA ha dado por cerrado el caso, en contra de los autores materiales, pero sigue reclamando el esclarecimiento de la autoría intelectual.