El presidente Evo Morales negó haber interceptado ilegalmente las llamadas telefónicas entre la embajada estadounidense y líderes indígenas opositores, pero aseguró que el contacto entre ambas partes demuestra la motivación política de una protesta indígena que lleva nueve días.

"No es espionaje, la prensa de la derecha dirá que es espionaje, pero nosotros cumplimos con la norma", dijo Morales el lunes en la noche, un día después de divulgar un registro de llamadas entre un funcionario de la embajada de Estados Unidos y líderes indígenas que marchan en rechazo a la construcción de una carretera en el corazón de una reserva natural en la amazonia.

El mandatario no reveló el contenido de ningúna conversación, sólo mostró el registro de las llamadas entre Eliseo Abelo, asesor en temas indígenas de la embajada, y dirigentes que encabezan una marcha protagonizada por un millar de aborígenes a quienes acusó de estar motivados por la misión diplomática.

Por la tarde, el ministro consejero de la embajada estadounidense en Bolivia William Mozdzierz se reunió con el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, tras el llamado a la cancillería el martes para explicar las llamadas al encargado de negocios estadounidense Jhon Creamer, quien no asistió porque se encontraba de viaje.

"En la reunión... se dio la oportunidad de aclarar varias cosas y yo no voy a entrar en detalles de nuestras conversaciones", dijo Mozdzierz en una rápida declaración tras el encuetro.

"La embajada de Estados Unidos no tiene que ver con la marcha indígena y que mantenemos nuestro compromiso de mejorar relaciones dentro del marco de respeto mutuo, incluso cuando se trata de este tipo de asuntos", agregó.

Poco después, Romero explicó que le hizo conocer a Mozdzierz "el malestar, contrariedad nuestra profunda preocupación por el hecho de que se mantengan estas llamadas directas, sin tomar en cuenta a la Cancillería".

"El representante de Estados Unidos nos ha expresado que de ninguna manera se han querido inmiscuir en asuntos internos y nos han comentado parcialmente acerca del contenido; sin embargo, no lo vamos a revelar", acotó.

Morales rechazó "de manera categórica que se trate de pinchazos, interceptación de llamadas" telefónicas.

"Lo que hemos encontrado con la autorización de un fiscal es un registro de llamadas entre dirigentes indígenas y la embajada de Estados Unidos", explicó el lunes el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti. Agregó que "todo fue en el marco de un orden interno y la seguridad del país".

Por su parte, el fiscal general Mario Uribe sostuvo el martes que se trató "simplemente de un registro de datos, no de escuchas".

Las escuchas telefónicas están permitidas por la Ley de Telecomunicaciones aprobada a principios de mes, que autoriza practicarlas "en caso de seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna". La oposición política advirtió al momento de la sanción que la nueva norma podría ser usada para perseguir a los adversarios del gobierno.

El dirigente indígena Rafael Quispe acusó al gobierno de estar "violando la constitución que garantiza la privacidad de las personas con estos pinchazos (telefónicos) y puede ser demandado". Agregó que estudia una demanda legal, pero hasta ahora no se han hecho denuncias formales contra el mandatario.

Según el registro difundido por Morales, Quispe mantuvo conversaciones con Abelo el 17 de agosto, dos días después de iniciada la marcha indígena de 450 kilómetros desde la región amazónica de Beni hasta La Paz adonde esperan llegar en 30 días para hacer escuchar su rechazo a la ruta.

El centro de la disputa entre Morales y los indígenas del oriente es una carretera de 300 kilómetros que el mandatario autorizó construir para unir los valles andinos con la amazonia, el centro y norte del país. Pero la ruta atravesará el corazón de una rica reserva llamada Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) hogar de tres etnias y de una gran diversidad de vida silvestre. Los nativos temen perder su hábitat. La marcha podría llegar a La Paz en 30 días.

"Estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho con los indígenas pero la embajada de Estados Unidos y los líderes de la marcha deben esclarecer esos nexos", sostuvo el martes el ministro de la Presidencia.

En 2008 Morales expulsó al embajador Philip Goldberg por una supuesta confabulación con los opositores para desestabilizar a su gobierno y ese mismo año expulsó a la agencia antinarcóticos (DEA, por sus siglas en inglés) por sospechas de espionaje al gobierno.

El ex Defensor del Pueblo y abogado Waldo Albarracín dijo a la emisora Erbol que si el gobierno no supiera el contenido de las conversaciones telefónicas observadas "no tendría razón para cuestionar a los indígenas".

En Colombia una comisión legislativa abrió una investigación en contra del ex presidente Alvaro Uribe por presunta responsabilidad en espionaje a magistrados, opositores y activistas. Una publicación del Washington Post dijo el domingo que el ex mandatario habría usado fondos estadounidenses para esas interceptaciones.