El gobierno analiza la posibilidad de aplicar una severa ley de seguridad del estado contra los que alteren el orden durante un paro nacional convocado para el miércoles y jueves, al tiempo que estudiantes interpelaron el martes al presidente Sebastián Piñera para que se involucre en la solución de un prolongado conflicto educacional.

El mandatario, en tanto, fustigó a los convocantes del paro por 48 horas y dijo que "causa dolor como presidente ver que hay algunos que en estos mismos instantes están trabajando con mucho esfuerzo y dedicación para que nuestro país se paralice".

La aplicación de la ley de seguridad interior del estado fue analizada en la sede de gobierno y el vocero oficial, Andrés Chadwick, dijo, en relación al uso de esa normativa de excepción, que "nunca se descarta la aplicación de ninguna ley, lo que pasa es que las leyes no se anuncian cuando se van a aplicar".

La ley establece sanciones más duras para quienes son acusados de infringirla cuando "inciten o induzcan a la subversión del orden público".

El mandatario derechista, a través de su ministro de Educación, Felipe Bulnes, rechazó también una carta de 12 puntos que por la mañana dejaron en la sede de gobierno dirigentes estudiantiles en la que lo instaban a participar directamente en la solución del prolongado conflicto educacional.

"Parece evidente que a través de estos emplazamientos no vamos a avanzar" en una solución, dijo Bulnes, que reiteró la posición del gobierno de discutir los cambios a través del análisis en el Congreso de los proyectos de ley que enviará con las reformas que está dispuesto a impulsar.

Bulnes manifestó también que varios de los puntos planteados por los estudiantes ya fueron respondidos y que el gobierno "va a a conversar todo lo que sea necesario", pero en el Congreso.

Según el gobierno no hay razones para un paro como el convocado para miércoles y jueves en momentos en que el país está creciendo y el desempleo disminuyendo.

El paro fue convocado por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, la principal organización gremial del país, para demandar reformas al sistema laboral, en la educación y también cambios políticos. Recoge así los anhelos planteados no sólo por los estudiantes y maestros, sino también de otros sectores.

Los estudiantes, al igual que unas 80 organizaciones sociales y gremiales han adherido al paro de dos días, entre ellas las del transporte público privado de Santiago.

El estudiantado universitario y secundario mantiene desde hace casi tres meses un conflicto en demanda de profundos cambios en la educación del país, terminar de una vez con el lucro de algunas instituciones que reciben aportes estatales y un mayor apoyo y recursos para la educación pública.

El gobierno ha ofrecido una serie de mejoras, entre ellas mayores recursos, más becas y menor interés en los créditos con aval del estado para financiar los estudios, pero que no satisfacen a los estudiantes y se niega a eliminar el lucro.

Camila Vallejo, presidenta de los estudiantes de la Universidad de Chile, dijo a la prensa que la carta a Piñera "es una interpelación al presidente de la república porque creemos que para transparentar el debate en esta discusión de cambio de paradigma se requiere si él realmente va a tener la voluntad de entender a la educación como un derecho social universal y no como un bien de consumo, como él lo ha manifestado".

Giorgio Jackson, dirigente de los estudiantes de la Universidad Católica, expresó que buscan un diálogo amplio con las autoridades y con el mandatario.

Los presidentes del Senado y de la cámara de diputados han propiciado una mesa de diálogo entre el gobierno y los estudiantes y maestros no ha prosperado por la decisión de Piñera de emprender algunos cambios pero por la vía legislativa, sin consultar ni discutirlos previamente con los dirigentes estudiantiles.

El presidente del Consejo de Rectores, Juan Manuel Zolezzi, organización que agrupa a 25 de las principales universidades del país, criticó al gobierno por la falta de diálogo efectivo entre estudiantes y las autoridades.

También los partidos políticos de la coalición opositora de centroizquierdista adhirieron a la convocatoria.

El senador y presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, uno de los partidos de la coalición, criticó la posibilidad de que el gobierno aplique la ley de seguridad interior del estado a los convocantes al paro.

"No me extraña absolutamente nada, desgraciadamente. Este gobierno identifica al movimiento social como un problema de orden público", dijo Walker.

Los organizadores del paro llamaron también para que la noche del martes, previo al inicio del paro, la población se manifieste nuevamente con un sonoro golpe de cacerolas, una forma de protesta que en el último mes se ha hecho reiterada en adhesión al conflicto estudiantil.

Al mediodía del martes un grupo de conocidos artistas ocupó las dependencias de la Unesco en Santiago para llamar la atención sobre el conflicto estudiantil.