La fiscal general Viviane Morales anunció el martes una nulidad parcial del proceso penal en contra de un ex ministro del entonces mandatario Alvaro Uribe, en un caso por supuestas dádivas ofrecidas a congresistas para que votaran a favor del proyecto de ley que buscaba autorizar la reelección presidencial.

El ex ministro de Protección Social Diego Palacio es investigado porque al parecer en 2004 ofreció cargos públicos para que legisladores votaran afirmativamente por la reelección.

Desde que estalló el escándalo en 2008, el caso de Palacio estaba en manos del entonces vicefiscal Fernando Pareja.

Pero como en Colombia los altos funcionarios y ex funcionarios gozan de fuero constitucional y, por tanto, sus procesos deben ser llevados directamente por el Fiscal General de la Nación, Morales decidió anular esas acciones de Pareja y asumir directamente el caso, según explicó la Fiscal General a reporteros en su despacho.

Aunque ha sido consultada por los medios de prensa en varias ocasiones sobre los casos como el de Palacio, la funcionaria ha dicho que es uno de los muchos que lleva el ente investigador y que por tanto las decisiones se van tomando poco a poco. La Fiscal no detalló qué partes del proceso en contra de Palacio siguen vigentes.

La fiscal Morales asumió el cargo en enero pasado, y por cuatro años.

La decisión de la Fiscal General busca evitar un revés como el ocurrido el 29 de julio, cuando la Corte Suprema de Justicia anuló el proceso por el mismo caso de las supuestas dádivas en contra de Sabas Pretelt, quien fue ministro del Interior, alegando las mismas razones: que el proceso lo debió conocer directamente el Fiscal General y no uno de sus delegados.

Morales debe decidir ahora si acusa a ambos ex ministros ante la Sala Penal de la Corte Suprema o si, por el contrario, los absuelve, en una decisión que puede demorar varios meses.

Jaime Lombana, abogado del ex ministro Palacio, dijo telefónicamente que la decisión anunciada por la fiscal Morales el martes "es totalmente ajustada a derecho".

Dijo que incluso se deben anular todas aquellas pruebas que no fueron recabadas por quien solía ser el Fiscal General al inicio del proceso en 2008.

A principios de aquel año, la ex representante a la Cámara Yidis Medina dijo en varios medios de comunicación que cuatro años atrás, en su calidad de congresista, funcionarios como Palacio y Pretelt le hicieron promesas de cargos públicos a ella y otros de sus colegas para que votaran favorablemente por el proyecto de ley que buscaba dar luz verde a la reelección de Uribe (2002-2010). El proyecto fue aprobado y Uribe fue reelegido en 2006 en votación popular.

Medina fue condenada en junio del 2008 por la Corte Suprema a 48 meses de prisión por el delito de "cohecho propio" o aceptar o recibir favores como funcionario público a cambio de algo.

Los dos ex funcionarios siempre han negado tales ofrecimientos, mientras sus abogados recuerdan que Medina no recibió ningún cargo o puesto público ni para ella ni para amigos.

En tanto, y también por los dichos de la ex congresista Medina, contra Uribe cursa una indagación previa en la llamada Comisión de Acusación, de la Cámara de Representantes, la instancia que según las leyes aquí puede investigar a un jefe de Estado. La Comisión no se ha pronunciado sobre el caso.