Tras cuatro meses de discusiones el gobierno del presidente José Mujica envió el lunes al Congreso un proyecto para la creación de un Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), que según advirtieron empresarios y políticos de la oposición podría causar perjuicios a la inversión.

Así lo informó a periodistas el secretario de la presidencia Alberto Brescia, quien indicó que Mujica le trasmitió a los ministros que el proyecto "contará con el apoyo unánime de la fuerza política" durante su trámite parlamentario.

El proyecto, trabajosamente negociado entre Mujica y el vicepresidente y ex ministro de Economía, Danilo Astori, con el actual ministro Fernando Lorenzo Estefan y el equipo económico, que se oponían, fue finalmente firmado por los 13 integrantes del gabinete.

En el Congreso el oficialismo cuenta con mayorías de 16 en 31 senadores y 50 en 99 diputados.

Según el proyecto, los propietarios de 2.000 a 5.000 hectáreas pagarán ocho dólares al año por cada hectárea, mientras que quienes posean entre 5.000 y 10.000 hectáreas pagarán 12 dólares y por extensiones superiores 16 dólares. Se espera que el nuevo tributo recaude 60 millones de dólares al año que se volcarán a obras de infraestructura.

El prosecretario de la presidencia, Diego Cánepa, dijo de acuerdo con la página digital oficial que también se calcularán los rendimientos de la tierra según un complejo índice llamado Comisión Nacional de Estudio Agroeconómico de la Tierra (CONEAT) vigente desde 1968. Agregó que el nuevo tributo afectará a unos 1.500 de 58.000 productores rurales del país, que tiene 17 millones de hectáreas productivas.

El ICIR desató la resistencia de la dirigencia agropecuaria. El presidente de la Asociación Rural, José Bonica, dijo que "el presidente Mujica se aparta del espíritu con el que inversores trajeron sus ahorros al país".

El director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Ernesto Talvi, dijo a El País que "los países desarrollados ven este tipo de impuesto como una forma de expropiación".

En tanto el senador del partido Nacional, principal de oposición, Luis A. Lacalle, consideró que "no hay que cambiar las reglas de juego" aludiendo a que el propio Mujica ante decenas de empresarios internacionales había sostenido que no les iba a "doblar el lomo (cuerpo) con impuestos" al convocarlos a invertir en Uruguay.

Mujica lanzó la iniciativa en mayo, cuando resonaban los ecos del fracaso que significó para el oficialismo no poder eliminar una ley de amnistía a los militares de la dictadura (1973-1985), que causó una crisis interna en la heterogénea coalición oficialista Frente Amplio.