La nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional que permite permanecer en el país a muchos inmigrantes que enfrentan la deportación generó reacciones encontradas entre los republicanos y los demócratas.

Varios legisladores demócratas y defensores de los inmigrantes elogiaron la medida, pero los republicanos la criticaron duramente después de que la anunciara el jueves la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano.

Para que los inmigrantes sin permiso de residencia en Estados Unidos puedan quedarse y solicitar un permiso de trabajo es necesario que no tengan antecedentes penales, anunció Napolitano. Los que sí los tengan o representen una amenaza a la seguridad nacional o pública serán deportados.

El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el republicano Lamar Smith, dijo que este cambio constituye "el plan (del gobierno) para conceder una amnistía por la puerta trasera a los inmigrantes que carecen de permiso para vivir en el país".

"(En el gobierno) han creado un grupo de trabajo que al parecer tiene el propósito específico de invalidar, 'caso por caso', cualquier orden definitiva de deportación que emita un tribunal de inmigración, o impedir que la corte emita cualquier orden de ese tipo", dijo Smith en un comunicado.

"El gobierno de (el presidente Barack) Obama debería aplicar las leyes de inmigración, no buscar maneras para ignorarlas. El gobierno de Obama no debe elegir o escoger qué normativas habrá de aplicar", dijo Smith.

El representante republicano Michael McCaul dijo que este plan del gobierno elude al Congreso.

"Apartarse de esta vía supone el más reciente intento del presidente para eludir el proceso legislativo deseado", afirmó McCaul.

"No es novedad que tengamos muchos rezagos y se dé prioridad a las deportaciones. Esta política va un paso más allá porque concede a los inmigrantes sin autorización para vivir en el país la oportunidad, mediante una vía rápida, de que consigan permisos de trabajo en los lugares donde ahora compiten de manera injusta con esos estadounidenses que buscan empleo y suman más de 9%", agregó.

Por su parte, la representante demócrata Zoe Lofgen, quien ha expresado su abierto apoyo a una reforma integral sobre inmigración, dijo que hay que dar la bienvenida a la nueva política porque supone un cambio.

"Creo que esta política llega tarde en cierta medida, pero me satisface que ocurra ahora", expresó Lofgren.

Dijo que el plan es justo para los inmigrantes y tiene consideraciones económicas, debido a la necesidad de reducir en miles de millones de dólares el presupuesto federal.

El senador demócrata Robert Menéndez describió la revisión caso por caso como "un avance muy positivo", pero consideró que es necesario la adopción de ulteriores medidas tendentes a una reforma a las leyes de inmigración.

Napolitano anunció el plan en una carta dirigida a un grupo de senadores que apoyan una modernización del sistema de inmigración. Según la nueva política, unos 300.000 casos de deportación que están pendientes en tribunales de inmigración serán revisados caso por caso.

"Desde un punto de vista de la aplicación de la ley y de la seguridad pública, los recursos del departamento de Seguridad Nacional deben continuar centrándose en nuestras prioridades más altas", escribió Napolitano en la carta.

"Obrar al contrario obstruye nuestra misión de seguridad pública, congestiona las agendas de las cortes de inmigración y resta recursos que deberían orientarse hacia los individuos que representan una amenaza a la seguridad pública", agregó.

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Los periodistas de The Associated Press, Amy Taxin, en Los Angeles, y Sophia Tareen, en Chicago, contribuyeron a este despacho.

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Alicia A. Caldwell tiene cuenta de Twitter en http://twitter.com/acaldwellap