La CorteIDH, el órgano jurídico de la OEA, analizará la "violación" de los derechos humanos de dirigentes y activistas mapuches procesados y condenados en Chile por delitos de terrorismo, informó hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Contra esos indígenas mapuches se aplicó "una normativa penal contraria al principio de legalidad, con una serie de irregularidades que afectaron el debido proceso y tomando en consideración su origen étnico de manera injustificada y discriminatoria", denunció la CIDH en un comunicado.

Por ello, la Comisión, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que vela por los derechos humanos en el continente, envió el caso a la CorteIDH el pasado 7 de agosto.

Las autoridades judiciales chilenas no hicieron distinciones entre las "reivindicaciones legítimas del pueblo indígena caracterizado por diversas formas de protesta social y los actos de violencia que se han presentado por parte de ciertos grupos minoritarios en dicho contexto", argumentó la CIDH.

Así, "la invocación de la pertenencia y/o vinculación de las víctimas al pueblo indígena mapuche constituyó un acto de discriminación mediante el cual se criminalizó, al menos en parte, la protesta social", añadió.

En el caso aparecen mencionados Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán, Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Lican, Patricia Roxana Troncoso Robles y Víctor Manuel Ancalaf Llaupe, todos ellos lonkos (jefes), dirigentes o activistas mapuches.

Norín y Pichún fueron condenados en 2003 a cinco años de cárcel cada uno por el delito de amenaza terrorista, a raíz de una serie de atentados incendiarios e incendios registrados en diciembre de 2001 contra propiedades de empresas forestales y agrícolas en el sur de Chile.

En esa zona se mantiene abierto desde hace dos décadas un conflicto que enfrenta a grupos mapuches con empresarios agrícolas y forestales, algunos de los cuales han recibido protección policial, por la propiedad de tierras que los indígenas consideran ancestrales.