La ex senadora Piedad Córdoba, que realizaba nuevas gestiones para que las FARC le entreguen en libertad a secuestrados, abandonó Colombia por unos días tras ser alertada de un supuesto plan para matarla, aseguró el viernes su abogado.

"Viajó anoche... ha salido por unos días, esperamos que no sean muchos porque ella mantiene su fuerte compromiso para la liberación de los secuestrados", dijo en diálogo telefónico con AP Luis Guillermo Pérez, abogado de la ex senadora.

Agregó que Córdoba, una abogada de 56 años, recibió esta semana de "fuentes altamente confiables", cuya identidad no reveló, las versiones en torno a "un complot para asesinarla".

El abogado dijo que ni la ex senadora ni él han tenido contacto con las autoridades del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y que desconocen exactamente quién está detrás de las amenazas.

El ministro del Interior, German Vargas Lleras, dijo desconocer informes oficiales que mencionen posibles atentados contra la ex senadora. El ministro, en declaraciones divulgadas por su despacho en un correo electrónico, destacó que Córdoba cuenta con un esquema de seguridad oficial.

La ex congresista suele desplazarse en auto blindado y dispone de al menos ocho guardaespaldas, según han visto reporteros.

"Esperamos que el gobierno públicamente se pronuncie a favor de la gestión que realiza Piedad Córdoba...(en pro) de construir la paz del país", dijo Pérez.

Córdoba dijo en febrero que esperaba que este año las guerrillas le entregaran a 16 militares y policías, algunos de ellos con 13 años de cautiverio. La semana pasada dio a conocer un mensaje público a la insurgencia pidiendo esas liberaciones como un gesto que eventualmente conduzca a diálogos de paz.

Al ser consultado en torno a que ya se conocía que la ex congresista, miembro del Partido Liberal que integra la coalición de gobierno, viajaría esta semana a Honduras para asistir a un foro internacional de afrodescendientes, Pérez sólo dijo que no podía revelar la ubicación actual de Córdoba por razones de seguridad.

En septiembre de 2010 la Procuraduría General --que en Colombia es una instancia que puede imponer sanciones disciplinarias a funcionarios y ex funcionarios-- destituyó a Córdoba alegando que sus contactos con las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entre 2007 y 2010 fueron más allá de gestiones para la liberación de secuestrados y discutió asuntos como "estrategias" para la defensa de encarcelados líderes rebeldes, financiación externa de las guerrillas, entre otros, acusaciones que Córdoba ha negado.

Entre 2008 y hasta inicios de este año las FARC han liberado y entregado a Córdoba 20 secuestrados.

8-19-11