Un informe oficial incrementó el jueves a 40.018 las víctimas de la dictadura militar, al establecer que otras 9.800 personas fueron torturadas o apresadas por razones políticas.

El informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura fue recibido por el presidente Sebastián Piñera. La comisión fue creada por su antecesora Michelle Bachelet (2006-2010) en febrero de 2010.

El grupo escuchó testimonios de unas 32.000 personas pero llegó a la conclusión de que sólo 9.800 de ellas cumplían los requisitos para ser reconocidas como víctimas de prisión o tortura.

Los 9.800 ex detenidos, que recibirán una pensión vitalicia equivalente a unos 256 dólares mensuales, se añaden a los 27.153 contabilizados por una comisión similar en 2004 y a los 3.065 opositores asesinados o desaparecidos cuantificados en 1991 por un grupo especial designado por el presidente Patricio Aylwin (1990-1994) durante el primer gobierno democrático tras la dictadura (1973-1990).

El Estado chileno deberá disponer de más de 123 millones de dólares anuales para pagar las nuevas pensiones. El Estado también paga mensualmente una pensión similar a las personas despedidas de sus trabajos por razones políticas tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. En tanto, los montos que reciben los familiares de las víctimas fatales son tres o cuatro veces superiores. Además de la pensión, las nuevas víctimas reconocidas recibirán beneficios en salud, vivienda y educación.

La primera comisión que contabilizó los presos y torturados fue creada por el presidente Ricardo Lagos (2000-2006) tras las presiones de las víctimas que reclamaban su reconocimiento como tal por parte del Estado.

La comisión recogió entonces información de más de 35.000 personas durante seis meses y en el informe que entregó a Lagos en 2004 concluyó que 27.153 debían ser reconocidas como víctimas del régimen militar.

Entre ellas se contabilizaron 102 menores de edad que fueron detenidos junto con sus padres y 11 más que nacieron en prisión. Otros 978 menores de edad fueron privados de libertad sin sus padres o parientes.

Una tortura común entre las mujeres era la violación. Cuando quedaban embarazadas, las prisioneras daban a luz en libertad, según estableció la comisión.

Aunque el trabajo de la comisión fue destacado, también fue muy criticado porque uno de los artículos del decreto que le dio vida estableció que los nombres de los torturadores permanecerían en secreto durante medio siglo, al igual que los testimonios de las víctimas. El gobierno de Piñera no ha dicho públicamente si ahora regirá el mismo secreto.

Unos 800 agentes de la represión de Augusto Pinochet, en su mayoría militares, enfrentan juicios por crímenes de lesa humanidad, de los cuales 71 están en un par de cárceles especiales para violadores a los derechos humanos, según cifras oficiales a noviembre de 2010.

El documento fue entregado a Piñera por la asistente social María Luisa Sepúlveda, que ha participado en otros dos organismos similares. El mandatario no se refirió al tema.