El ex presidente Alvaro Uribe negó ante una comisión legislativa haber ordenado espiar a opositores, magistrados o periodistas, señalamientos que atribuyó a falsos testimonios y "malquerencias" de sus adversarios, mientras abogados de la parte civil o víctimas demandaron el derecho a interrogarlo.

El ex presidente no negó que esos seguimientos de actividades a periodistas, opositores políticos y algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia se produjeran, pero destacó que, como la misma prensa lo indicó en ocasiones, también existieron interceptaciones ilegales a miembros de su gabinete, jefes policiales y a él mismo y que en su caso han sido publicadas.

Uribe, un abogado de 59 años, dijo que la justicia debe determinar el origen y propósito de esas grabaciones ilegales, ocurridas entre 2007 y 2008 según la Fiscalía, desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policía secreta y de migración, que depende directamente de la Presidencia.

La Fiscalía ha dicho hasta ahora que las órdenes provinieron de funcionarios como Bernardo Moreno, ex secretario general de la Presidencia de Uribe, ya en prisión preventiva desde julio y quien lo niega.

Al final de su exposición de tres horas y media, comenzó una ronda de preguntas por parte de congresistas a Uribe y en las que el ex mandatario reiteró sus mismos argumentos.

Cuando el congresista Carlos Edward Osorio declaró finalizada la audiencia, el abogado Luis Guillermo Pérez, que representa a un grupo de personas que se declara víctima del espionaje, protestó a gritos alegando que la comisión irrespetaba sus derechos.

Casi simultáneamente Uribe abandonó el recinto.

Osorio dijo al abogado que si la Corte Suprema de Justicia falla que como parte civil tiene derecho a interrogar al ex presidente, la comisión les garantizaba su participación activa.

Pérez, en una breve exposición ante los congresistas, dijo que Uribe había "irrespetado la institucionalidad" en su exposición al dudar de las versiones de la Fiscalía, de los magistrados de la Corte Suprema y de las propias víctimas sobre diversos casos.

Destacó que el derecho de las víctimas a interrogarle era también "el derecho de la sociedad colombiana... a la verdad".

"En resumen el señor Alvaro Uribe Vélez ha dicho (en su exposición) que hay una conspiración urdida desde sectores criminales, paramilitares, ilegales, con operadores judiciales, con defensores de derechos humanos o representantes de víctimas para perseguir a su gobierno... ha descalificado todas las declaraciones públicas de ilustres magistrados de la Corte" Suprema de Justicia, expresó el abogado.

No se fijó fecha para otra audiencia en el caso del espionaje.

Algunos críticos de Uribe (2002-2010) han dicho que es inocua su comparecencia — parte de una investigación preliminar — ante una instancia que como la comisión legislativa es conocida por su lentitud y por no producir fallos.

El 16 de junio el ex mandatario también acudió a la comisión, pero no pudo intervenir porque la audiencia fue aplazada debido a que varios miembros de esa célula legislativa fueron recusados por abogados de la parte civil, integrada por personas que se consideran víctimas del espionaje. Los abogados alegan que esos congresistas carecen de imparcialidad.

La audiencia pública de la jornada comenzó pasadas las 11.00am (1600GMT) en la sala de la comisión. Uribe, sus tres abogados y su esposa compartieron una mesa semicircular con algunas de las personas que se consideran víctimas y sus abogados.

Frente a ese grupo, estaban en otra mesa los congresistas de la comisión y detrás de Uribe, periodistas separados por un pequeño muro.

La audiencia fue transmitida en directo por algunos medios y se desarrollaba en orden y sin mayores interrupciones.

Como el ex mandatario no tenía un límite de tiempo para realizar su exposición pudo referirse no sólo a lo del escándalo del espionaje, sino a sus pasados choques verbales con activistas, reporteros e incluso magistrados de la Corte Suprema y dijo que nunca ocultó esas divergencias, pero que ello nunca desembocó en que ordenara acciones ilegales.

El ex presidente recordó una intervención suya y que volvió a leer en la audiencia en la que se queja por el papel en Colombia de activistas y dice que algunos de ellos, que no identificó, eran "unos traficantes de derechos humanos".

"¿De qué se acusa al gobierno que presidí, a mi persona?...de concierto para delinquir, de abuso de autoridad y violación de comunicaciones", dijo Uribe.

Y luego, elevando el tono de la voz y señalando con el dedo índice de su mano derecha, aseguró: "jamás me pasó por la mente perseguir a un periodista, a una ONG" o a una organización no gubernamental.

"Jamás pasó por mi mente...dar instrucciones ilegales", dijo Uribe.

"En mi concepto tiene que haber una penetración criminal" en la policía secreta, dijo Uribe diciendo que su hipótesis era que criminales a los que su gobierno encarceló y a algunos extraditó buscaban "una venganza" en contra de su administración, mientras sus opositores que le tenían una "malquerencia" hacían caso de esas versiones.

Dijo además que esos ex paramilitares y ex funcionarios del DAS, lo que era de conocimiento público, habían aceptado los cargos para recibir sentencias reducidas y que por tanto sus testimonios debían tomarse con duda.

La llamada Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes es la única instancia que según las leyes colombianas puede investigar a altos funcionarios y ex funcionarios como el presidente de la República, los magistrados de las altas cortes y el fiscal general de la Nación.

Sólo un visto bueno de la Comisión, en un voto por mayoría de sus 15 miembros, puede abrir paso a que el pleno de la Cámara de Representantes, también por mayoría de sus 166 congresistas, autorice o no un enjuiciamiento del ex mandatario ante la Corte Suprema.

Fue ante esa Comisión de Acusación que la Fiscalía General solicitó en marzo que Uribe, que ya había pedido rendir su versión voluntariamente, diera su versión, y porque en las investigaciones de los fiscales sobre el caso de espionaje ha habido "una serie de menciones" al ex mandatario por parte de algunos ex funcionarios del DAS que ya están encarcelados.

Apartes del expediente que lleva la Fiscalía, y al que ha tenido acceso la AP, muestran fotos y detalles de las actividades de activistas de derechos humanos y reporteros, así como estados bancarios de al menos un magistrado. Hasta ahora no ha trascendido el contenido completo de conversaciones telefónicas interceptadas ilegalmente.