Defensores de los derechos humanos y familiares de víctimas del conflicto armado exigieron a la Corte Suprema de Justicia una pronta resolución en el caso de los ex oficiales militares requeridos por un tribunal español por su presunta implicación como autores intelectuales en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989.

La magistrada de la Corte Suprema de justicia de El Salvador, Mirla Perla dijo en entrevista con la estatal Radio Nacional que "si hay una orden, la orden no se discute, se cumple y luego es el ente responsable, que en este caso es la Corte Suprema de Justicia, que tendría que decidir que va hacer con esas personas que han sido capturadas".

Insistió que no le corresponde a la Corte decidir si se procede a capturarlos y señaló que "si esa orden de captura está legalmente emitida conforme a los tratados internacionales, es el (Organo) Ejecutivo a través de las Policía Nacional Civil que le tendrá que dar cumplimiento, informarnos y ponernos a la orden a los imputados y a partir de allí la Corte tendrá que resolver".

El juez Eloy Velasco, del juzgado Central de Instrucción de Madrid, España, pidió la captura internacional de los nueve ex oficiales que integraban la cúpula militar cuando los sacerdotes españoles fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989 en el marco de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

Para evitar la captura pública, el grupo se entregó a un cuartel castrense, que los puso a disposición de un juez que luego se declaró incompetente para conocer el caso y será la Corte quien finalmente analizará un eventual pedido de extradición por parte de España.

Los militares fueron identificados como Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Helena Fuentes, Juan Orlando Zepeda, Mariano Amaya Grimaldi, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Antonio Ramiro Avalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo.

La abogada de los familiares de los sacerdotes ejecutados, Almudena Bernabéu, dijo en entrevistada por Radio Nacional desde España, defendió el procedimiento realizado por el juez Velasc.

Afirmó que "España si tiene jurisdicción para llevar este tipo de caso, pues se trata de un crimen de lesa humanidad, de una violación de derechos humanos de acuerdo con todos y cada uno de los tratados que las naciones civilizadas han acordado aprobar".

Bernabéu dijo que "en este caso El Salvador debe de actuar con premura y no dilatar la toma de decisiones".

Aclaró que el juez Velasco aún no ha solicitado la extradición de los ex militares, pero que lo hará "una vez se notifique que efectivamente la detención ha tenido lugar", y que es cuando comienza a contar el plazo de conformidad con el tratado de extradición de 60 días, para que España formalice las demandas de extradición.

La abogada advirtió que si El Salvador no cumple con la orden de detención girada por la Interpol, y ponerlos a la orden de la Corte, "se estarían violando obligaciones que tienen que ver con el tratado suscrito con la Interpol o policia internacional, del que es signatario".

El caso ha generado una fuerte polémica y tanto los ex militares como algunos políticos insisten que el caso ya fue juzgado y además la ley de amnistía sigue vigente.

Otros nueve militares, entre ellos un coronel, fueron procesados como autores materialres de la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados.

Los otros dos que fueron encontrados culpables de la matanza, se beneficiaron dos años después con una ley de amnistía general.

El entonces presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) emitió en 1993 el decreto de amnistía pocas horas antes de que se divulgara un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que responsabilizó a los altos mandos militares del asesinato de los jesuitas y de varias masacres de campesinos.