El ex presidente Alvaro Uribe comparece voluntariamente el jueves ante una comisión legislativa para dar su versión sobre su presunto papel en un escándalo de espionaje, un caso que ya tiene en detención preventiva a uno de sus más cercanos colaboradores.

Sin embargo, algunos críticos de Uribe (2002-2010) han dicho que es inocua su comparecencia a un interrogatorio — parte de una investigación preliminar — ante una instancia como la comisión legislativa, conocida por su lentitud y por no producir fallos.

Pero además porque apenas se inicia su indagación y todavía la comisión no decide si somete o no al ex mandatario a una averiguación formal.

La comparecencia de Uribe es la segunda luego de que el 16 de junio el ex mandatario acudiera a la comisión, pero ésta aplazara la audiencia pública debido a que varios miembros de esa célula legislativa fueron recusados por abogados de la parte civil, integrada por personas que se consideran víctimas del espionaje. Los abogados alegan que esos congresistas carecen de imparcialidad.

La llamada Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, donde ya reposan al menos un centenar de denuncias contra Uribe por casos que van desde traición a la patria al caso del espionaje, es la única instancia que según las leyes colombianas puede investigar a altos funcionarios y ex funcionarios como el presidente de la República, los magistrados de las altas cortes y el fiscal general de la Nación.

Sólo un visto bueno de la Comisión, en un voto por mayoría de sus 15 miembros, puede abrir paso a que el pleno de la Cámara de Representantes, también por mayoría de sus 166 congresistas, autorice o no un enjuiciamiento del ex mandatario ante la Corte Suprema.

Fue ante esa Comisión de Acusación que la Fiscalía General solicitó en marzo que Uribe, un abogado de 59 años, diera su versión, y porque en las investigaciones de los fiscales sobre el caso de espionaje ha habido "una serie de menciones" al ex mandatario por parte de algunos ex funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) — la policía secreta_, desde la que se realizaron en el 2007 y 2008 grabaciones telefónicas ilegales y seguimientos a activistas de derechos humanos, reporteros, políticos de oposición y algunos magistrados de la Corte Suprema.

Aparte del expediente que lleva la Fiscalía, y al que ha tenido acceso la AP, muestran fotos y detalles de las actividades de activistas de derechos humanos y reporteros, asi como estados bancarios de al menos un magistrado. No ha trascendido el contenido completo de conversaciones telefónicas interceptadas ilegalmente.

Uribe siempre ha negado haber ordenado esos seguimientos ilegales y asegura que los responsables fueron funcionarios corruptos dentro del DAS. Algunos de esos ex funcionarios investigados y condenados por el espionaje han dicho ante la Fiscalía que actuaron porque colaboradores de Uribe, como el ex secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, les indicó que al entonces mandatario le interesaba tener datos de algunos de sus opositores. Moreno lo niega.

El pasado 30 de julio y a petición de la Fiscalía General, Moreno quedó detenido de forma preventiva mientras se desarrolla su juicio, lo que podría demorar meses