Unos 200 inmigrantes, algunos de los cuales dijeron haber sido arrestados o procesados para deportación debido a Comunidades Seguras, exigieron el lunes a una comisión federal que cancele este polémico programa que comparte información de inmigrantes fichados. A continuación, abandonaron el salón donde se realizaba la audiencia.

La mayoría de los asistentes a la audiencia realizada por una comisión especial creada por el Departamento de Seguridad Interna abandonó el recinto cerca al centro de Los Angeles luego que un estudiante que entró al país sin autorización legal instara a los asistentes a dejar a los dos panelistas con la palabra en la boca.

"No más mentiras, cancelen el programa", coreó el grupo disidente al salir del salón.

La audiencia tenía por objeto recabar testimonios de gente afectada por el programa Comunidades Seguras. La comisión, que está integrada por agentes policiales, abogados, fiscales y dirigentes comunitarios, tiene como objetivo ofrecer recomendaciones sobre cómo mejorar el programa en cuestión.

A través de Comunidades Seguras, policías locales notifican electrónicamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) cada vez que detienen a un inmigrante que vive en el país sin autorización legal.

Una vez fichado, las huellas dactilares del arrestado son cotejadas con bases de datos de violaciones migratorias del Departamento de Seguridad Nacional y de antecedentes penales del FBI. Si se confirma que el arrestado carece de autorización para vivir en el país legalmente, se inicia un proceso que podría terminar en la deportación.

Uno de los testigos fue el universitario Jonathan Pérez, quien dijo que fue transferido al ICE luego de ser arrestado por la policía de San Bernardino.

"No sé que pasó ... pero me soltaron. Fui suertudo. Miles de personas como yo han sido deportadas", dijo el joven activista, que vive en Estados Unidos sin autorización legal. "Nuestra recomendación para ustedes es que renuncien y cancelen el programa. No podemos seguir con un programa que sigue arruinando vidas".

La situación se tornó tensa cuando los asistentes comenzaron a exigirles a los integrantes de la comisión a que renunciaran.

El panelista Arturo Venegas hijo, jefe de un policía retirado de Sacramento, California, trató de exponer su punto de vista pero fue interrumpido por Pérez, quien usando un altavoz llamó a la gente a abandonar el recinto.

"No tiene sentido continuar esta audiencia", dijo el activista.

La mayoría de la gente salió en medio del desorden, pero la audiencia se reanudó minutos después con testimonios de otros inmigrantes, funcionarios electos y dirigentes de organizaciones pro inmigrantes.

Al final, Venegas hijo dijo que no renunciaría porque con eso no cambiaría nada.

"Para nosotros el problema tiene cara de latino y como latino, tengo la responsabilidad de dar voz de la razón cuando veo las estupideces de programas no solo como este", puntualizó.

Uno de los testimonios más emotivos fue el de Isaura García, madre de un niño de un año, quien dijo que en febrero fue arrestada y le iniciaron un proceso de deportación tras llamar al número de emergencia 911 para pedir ayuda en un caso de abuso doméstico.

"Soy víctima de violencia doméstica pero también de Comunidades Seguras ... Nunca pensé que por llamar al 911 me llevarían a la cárcel por siete días ... Me tomó tres años de sufrimiento para agarrar valor y llamar al 911 y luego terminé en deportación", dijo la inmigrante. "Estoy contado mi historia para que se termine Comunidades Seguras. Cuando la gente se dé cuenta que la policía tiene que ver con ICE, nadie va a querer llamar a la policía".

La audiencia es una de las primeras reuniones públicas sobre el programa que se realiza desde que ICE canceló los acuerdos que había firmado con los estados.

Acualmente hay varios estados, entre ellos Illinois y Massachusetts, que han manifestado su intención de no participar en el programa, pero el ICE dijo el 5 de agosto que no es necesaria la aprobación de los estados para compartir la información de las huellas digitales.

El programa auspiciado por las autoridades inmigratorias se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno de Barack Obama que ha continuado pese a la oposición de los grupos hispanos y defensores de inmigrantes cuyo respaldo necesita el presidente.