El Gobierno venezolano y el gremio patronal que aglutina a los hospitales privados acordaron hoy congelar temporalmente las tarifas en ese sector, que analiza establecer una lista única de precios en clínicas y centros privados, informó la ministra de Salud, Eugenia Sader.

"A partir de hoy se congelan todas las tarifas que se cobran en estos momentos en las clínicas privadas", así como las que fijan las empresas que prestan servicios a ese sector de la empresa privada, declaró a los periodistas Sader.

El presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales, Hipólito García, dijo que en la reunión con Sader también se decidió que en las próximas tres semanas ambas partes revisen, "de forma muy técnica, muy cordial", la "estructura de costos".

De esa manera, el Ministerio de Salud "podrá tomar acciones para mantener sustentable y viable a nuestro sector", añadió García.

La reunión entre la autoridad gubernamental y la representación de patronal privada de la salud se produjo una semana después de que diversas organizaciones de trabajadores marcharan por el centro de Caracas para exigir que el Estado defina una lista única de precios y tarifas de los servicios en clínicas y hospitales privados.

El presidente de la Federación de Trabajadores de Telecomunicaciones (Fetratel), José Siguaraya Mora, reveló entonces que los sindicatos habían conformado la llamada Alianza Institucional de Salud, "que integran más de cinco millones de personas", para demandar "la aplicación inmediata del baremo" de precios y tarifas.

"Rechazamos la matriz mediática de los dueños de clínicas que se niegan a entender que la salud en el país no puede ser una mercancía", dijo Siguaraya Mora, en tanto que el vicepresidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales, Carlos Rosales, negó ese día que el sector se oponga a "una nueva estructura de precios".

Se prevé que este asunto será debatido en el marco de la nueva Ley de Costos y Precios Justos, sancionada el mes pasado por el presidente Hugo Chávez, y que el vicepresidente del Ejecutivo, Elías Jaua, ha descrito como un mecanismo de "transición hacia el socialismo".

La norma complementará el control estatal de precios que desde 2003 rige para más de un centenar de productos de consumo masivo y se suma al que el Gobierno de Chávez mantiene sobre las divisas.

Estas medidas fueron decretadas después de una huelga empresarial y sindical que durante 63 días presionó infructuosamente por la renuncia de Chávez.