El proceso de traslado a Colombia de un miembro del estado mayor de las FARC, que fue detenido en mayo en el suroeste venezolano, permanecerá suspendido mientras se decide su solicitud de asilo, afirmó el lunes el directivo de un partido aliado al gobierno.

Guillermo Torres Cueter, alias "Julián Conrado", del estado mayor de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), presentó recientemente una solicitud de asilo al gobierno venezolano, confirmó Pedro Eusse, secretario general del Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Eusse indicó que el PCV junto con algunas organizaciones de derechos humanos se hicieron "parte de las acciones" de la solicitud de asilo de Conrado, quien fue detenido a finales de mayo pasado en el estado suroccidental de Barinas.

El secretario general del PCV dijo en entrevista con la AP que mientras se procesa la petición de asilo a Torres "no pueden extraditarlo" a Colombia tal como estarían exigiendo las autoridades de ese país.

En Bogotá, el gobierno del presidente Juan Maniel Santos ha dicho que el presidente Hugo Chávez se ha comprometido a entregarles a Torres, aunque no ha dado detalles si será en un proceso de deportación o de extradición.

"Ya iniciado el proceso no se puede hacer ningún tipo (de traslado)...primero tiene esperarse la respuesta y la solución judicial de esta solicitud", afirmó Carlos Aquino, miembro del buró político del PCV, al asegurar que "hay un lapso de 30 días" para que Venezuela de una respuesta sobre la petición de asilo.

La AP intento comunicarse con la Cancillería y el Ministerio de Relaciones Interiores para conocer detalles del caso pero no emitieron de momentos comentarios.

Eusse señaló que el PCV, que es un partido aliado al gobierno del presidente Hugo Chávez, confía en que el Estado venezolano dará una respuesta favorable a la solicitud de asilo del jefe rebelde debido a que "él mismo ha dicho que ir a Colombia puede significar torturas y la pérdida de su vida".

"El (Torres) no fue capturado en combate. No tenía armas en la mano. Estaba de agricultor en Barinas", dijo Eusse al insistir que no había razones para que las autoridades locales detuvieran al jefe rebelde, quien habría estado en Venezuela desde hace varios meses.

Torres es requerido por la justicia colombiana por homicidio, secuestro y rebelión.

Tras la detención de Torres, el PCV denunció que las autoridades venezolanas mantenían incomunicado al jefe rebelde y sin garantizarle el debido proceso, pero Eusse aseguró que la situación "ha comenzado a corregirse porque ya las instituciones de justicia, la Fiscalía, etc , están atendiendo el caso. Hay un proceso que se ha iniciado donde él tiene derecho a la defensa".

En relación a las versiones sobre las afecciones de salud que estaría padeciendo Torres, Eusse expresó que el jefe rebelde "tiene problemas de próstata", y dijo que esperaba que eso prime también para la solicitud de asilo.

El ministro de Relaciones Interiores, Tareck El Aissami, informó la semana pasada a la prensa que Torres "está en proceso de extradición a Colombia. Ahora, como cualquier otro ser humano, tiene una dolencia y estamos investigando".

El gobierno de Estados Unidos ofreció por datos que llevaran a la captura o ubicación de Conrado, de 56 años, una recompensa de 2,5 millones de dólares.

Torres es el presunto guerrillero de más alto nivel de las FARC capturado en Venezuela desde fines del 2004 y uno más de una seguidilla de rebeldes detenidos con la cooperación de las autoridades venezolanas en ese país de presuntos irregulares de más bajo nivel en los últimos meses.

Al declarar sobre la captura de Conrado, Santos alabó en junio pasado la operación que ejecutaron los funcionarios venezolanos con ayuda de las autoridades colombianas.

El presidente colombiano indicó que Torres "está a buen recaudo y el presidente Chávez nos ha dicho que nos lo va a entregar".

En diciembre de 2004, unidades policiales colombianas retuvieron en Caracas a Rodrigo Granda, quien era descrito en aquel entonces como el "canciller" de las FARC por su trabajo político en el exterior.

En esa oportunidad Chávez denunció que Granda fue capturado en una operación conjunta entre militares venezolanos y funcionarios policiales colombianos que no fue informada a su gobierno, lo que consideró una afrenta a la soberanía de Venezuela.

Granda fue puesto en libertad en junio del 2007 por el entonces gobierno del presidente colombiano Alvaro Uribe (2002-2010) a pedido de Francia, que buscaba la liberación de la ex candidata presidencial colombo-francesa Ingrid Betancourt.