Evo Morales frecuenta las reuniones climáticas internacionales, en las que defiende fervorosamente la conservación de las selvas y exige a los países ricos que contengan la emisión de gases de invernadero.

"El planeta está herido de muerte, sentimos sus convulsiones. Si no hacemos algo, seremos responsables de genocidio", sostuvo el presidente boliviano en la Cumbre Climática de diciembre pasado en Cancún, México. Habitualmente culpa al capitalismo de la devastación del medio ambiente.

Pero en su propio país, este ferviente defensor de la Pachamama, o Madre Tierra en su idioma natal, el aymara, no ha sido lo que se dice un custodio del medio ambiente.

En contra de la decisión de algunos pueblos originarios que temen perder su hábitat, Morales autorizó la construcción de una carretera por el corazón de una reserva ecológica, dio luz verde para explorar hidrocarburos en otra selva todavía intacta, abrió las puertas al uso de semillas transgénicas y autorizó la legalización de miles de autos chatarra ingresados de contrabando.

El mandatario es un "falso profeta ecologista", sostuvo Rafael Quispe, dirigente del Consejo de Ayllus y Marcas del Qollasuyo (Conamaq), la mayor organización indígena de la zona andina.

Morales tropieza con la encrucijada de que su país es altamente dependiente de industrias extractivas. El 73% de las exportaciones del primer semestre de 2011 fueron materias primas y la tendencia está en alza por el auge de los minerales.

La carretera en construcción, de 300 kilómetros, unirá los valles andinos con la Amazonia y cortará por la mitad el Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), en el centro del país, de 12.000 kilómetros cuadrados, hogar de tres etnias: Yuracaré, Chimán, Trinitaria. Los nativos viven de la caza, pesca, recolección de frutos y una agricultura de autoconsumo, un modo de vida que irremediablemente se perderá junto al bosque virgen, dice Pedro Moye dirigente de Central de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), la otra mayor organización.

Más de 300 indígenas del oriente boliviano iniciaron el 15 de agosto una marcha de más de 30 días para denunciar la construcción de la vía.

Morales ha dicho que se hará una consulta a los indígenas para mitigar el impacto ambiental, pero que cualquiera sea el resultado, la carretera se concluirá en 2014.

Los indígenas de la zona están dispuestos a enfrentarse con "arcos y flechas" si fuera posible para detener la apertura de ruta y exigen al mandatario ser consecuente con su discurso, ha dicho Moye.

El analista político Carlos Cordero, profesor de ciencias políticas de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, la universidad pública más importante, cree que Morales se ha visto obligado a adoptar una actitud menos rígida en cuanto a la defensa del medio ambiente.

"A partir de su segunda gestión (que comenzó en enero del 2010) el presidente Morales adopta una línea más pragmática porque debe mostrar gestión y debe responder a las demandas sociales. Su popularidad está de bajada y debe mostrar realizaciones para levantar imagen", expresó Cordero. "No me sorprendería que el conflicto con los indígenas lleve a su máxima tensión para después negociar y lograr acuerdos. Así mostrará que cumple su máxima premisa: gobernar escuchando al pueblo. Y acabará sacándose fotos con los indígenas".

La carretera acortará en 10 horas el viaje entre la ciudad de Cochabamba, en el centro, con Trinidad, en el noreste, y romperá la dependencia comercial y económica de Beni de su vecina Santa Cruz, el motor agroindustrial del país y reducto opositor de Morales.

El gobierno alega que la carretera integrará al desarrollo y al mercado a Beni, que con casi el tamaño de Gran Bretaña tiene apenas 250 kilómetros de rutas asfaltadas y acusa a organizaciones ambientalistas de manipular a los indígenas.

Para el coordinador de comunicación de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), Edwin Alvarado, la carretera es un "pretexto" ya que el interés de fondo es la exploración petrolera en dos bloques identificados en la zona.

El TIPNIS es codiciado por agricultores y cocaleros ilegales que buscan extender los cultivos de coca. La reserva colinda con el Chapare, la zona cocalera que todavía lidera Morales y cuyas bases respaldan la ruta.

La Constitución promovida por Morales y aprobada en 2009 ordena consultar a los indígenas, pero el gobierno autorizó la apertura de la vía sin el consentimiento de ellos y sin la licencia ambiental para el tramo que atravesará la reserva, dice Lidema.

La polémica vía será financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil con un crédito de 415 millones de dólares. Medios brasileños la llamaron la "narcocarretera" porque empalmará con rutas que llegan a ese país que es el mayor marcado de la cocaína boliviana.

Bolivia ocupa el octavo lugar en extensión de bosques tropicales en el mundo. La mitad del territorio son selvas, muchas de ellas en estado puro. Cada año gran una parte de su Amazonia queda bajo las aguas por inundaciones, pero los habitantes de la jungla carecen de agua potable y deben navegar días para llegar a un hospital.

Esa no es la única controversia ecológica. Morales se ha sumado a un megaplan continental llamado Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional (IIRSA) impulsada por Brasil desde el 2000. Incluye a doce países y millonarios proyectos viales e hidroeléctricas por 69.000 millones de dólares, buena parte de ellos en la Amazonia.

Parte de ese proyecto es la construcción de tres hidroeléctricas en la Amazonia boliviana, una de ellas es Cachuela Esperanza en el noreste cerca dos gigantes usinas que Brasil construye en el río Madera.

Morales encargó a la canadiense Tecsult-Aecom el estudio de impacto ambiental y el diseño del proyecto. Pero expertos ambientalistas acusan al gobierno boliviano de no difundir información vital sobre el impacto de las obras.

Los indígenas también observaron proyectos de exploración petrolera en la reserva amazónica de Madidi a cargo de la venezolana PDVSA y la estatal petrolera y han cuestionado operaciones en la región sureña del Chaco, hogar de los guaraníes, tercera etnia después de quechuas y aymaras. Repsol YPF, la francesa Total, la brasileña Petrobras y la británica BG tiene operaciones en la zona.

"No puedo entender que se opongan, hay una crisis energética en el mundo. Que me digan de qué vivirá Bolivia si tapamos todos los pozos petroleros. Ellos son unos fundamentalistas", dijo Morales en un acto público celebrado en junio.

El gobernante nacionalizó los hidrocarburos en 2006 y mejoró los ingresos para su país, pero su proyecto de industrializar los recursos naturales no despega por falta de inversiones extranjeras.

La coca no goza de buena reputación entre los ecologistas porque su cultivo intensivo dejó casi estériles las pendientes andinas al norte de La Paz, pero ha sido la causa principal de las luchas de Morales hasta que abanderó en su primer gobierno (2006-2009) la defensa de la Madre Tierra y denunció que el "capitalismo salvaje" la está matando.

Dos iniciativas del mandatario fueron acogidas por la ONU. Una de ellas declara el acceso al agua como un derecho fundamental y la otra fijó el 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra.

"La competencia y la sed de ganancia sin límites del sistema capitalista están destrozando el planeta. Para el capitalismo no somos seres humanos, sino consumidores. Para el capitalismo no existe la Madre Tierra, sino las materias primas", decía Morales en una carta a la ONU en noviembre de 2008. "El cambio climático ha colocado a toda la humanidad frente a una gran disyuntiva: continuar por el camino del capitalismo y la muerte, o emprender el camino de la armonía con la naturaleza".

En otro mensaje a la organización en 2009, decía que "no sólo los humanos tienen derecho a vivir bien, sino también los ríos, animales y árboles tienen derecho a vivir en un ambiente sano, libre de envenenamiento e intoxicación".

Como parte de su cruzada, Morales convocó en su país en abril de 2010 a una cumbre de pueblos contra el cambio climático, pero su gobierno se opuso a debatir en el foro operaciones mineras que dañan la tierra de decenas de comunidades indígenas en el occidente del país.

"El gobierno ha favorecido los graves alcances destructivos y depredadores del modelo extractivista", dice Quispe.

El mandatario prometió fomentar la agricultura orgánica y erradicar los transgénicos en el cultivo de soja, pero una ley aprobada en junio no rechaza ese uso y más bien señala que "se establecerán disposiciones para el control de la producción, importación comercialización de productos genéticamente modificados".

A los indígenas, Morales les devolvió derechos sobre territorios que les habían sido usurpados y les dio mayor poder político en la Constitución aprobada en 2009.

Pero hoy los pueblos nativos dicen que el mandatario ha puesto en riesgo esos mismos derechos con un reciente decreto que "permite el asentamiento de colonos y agricultores" en sus dominios, según el asambleísta guaraní Filemón Suárez.