Los presidentes de Argentina, Cristina Fernández, y de Paraguay, Fernando Lugo, anunciarán el próximo miércoles a través de una videoconferencia el llamado a licitación para una obra complementaria de la represa de Yacyretá, propiedad de ambos países, informaron hoy fuentes oficiales.

Los mandatarios presentarán la licitación pública para la construcción del brazo Aña Cuá de la represa, inaugurada en la década de los noventa sobre el río Paraná, hito fronterizo con Paraguay, precisó un comunicado del Gobierno argentino.

El proyecto "se basa en un caudal mínimo de 1.500 metros cúbicos de agua por segundo" con una "generación media anual de 1.900 a 2.100 gigabytes por hora, a la cota 83 del embalse, lo que equivale a un 10 por ciento de la producción final de la Central Yacyretá", añadió la nota oficial.

El anuncio se realizará durante un acto que Lugo encabezará en Encarnación (Paraguay), en el que informará, además, sobre la inversión en obras de infraestructura y equipamiento comunitario en Paraguay, indicó.

"El llamado a licitación prevé movilizar por lo menos 2.000 obreros en la zona de Ayolas, en forma directa, y una inyección millonaria a la economía", subrayó el comunicado.

Las obras de la represa, la segunda mayor de Latinoamérica, comenzaron en 1983 aunque la generación de energía no llegó hasta 1994 y se necesitaron 16 años más para que alcanzara el máximo potencial de producción previsto en el proyecto original.

La represa se puso en marcha con un nivel en el embalse de 76 metros de altura y, pese a que el objetivo era alcanzar los 83 metros, las obras se paralizaron en 1998, durante el Gobierno del argentino Carlos Memem (1989-1999), que en vano intentó privatizarla y calificó el proyecto como "monumento a la corrupción".

La producción de energía de Yacyretá es motivo de varias negociaciones bilaterales, como el reclamo de Paraguay de mayores compensaciones a Argentina por el uso del excedente de energía paraguaya.

Además, las autoridades de Asunción reclaman a sus pares de Buenos Aires la posibilidad de vender a otros países de la región su excedente, que no permite el tratado, y la revisión de la deuda de construcción, de unos 15.800 millones de dólares.