El expresidente de El Salvador Alfredo Cristiani cree que la decisión de la Audiencia Nacional de España de procesar a 20 militares salvadoreños por la matanza de seis jesuitas y dos de sus empleadas en 1989 es una injerencia en la soberanía nacional.

"Lo que está haciendo la Audiencia española viola la soberanía de nuestro país, el caso ya fue juzgado aquí y no tiene que ser juzgado en otro lado", dijo Cristiani -la matanza ocurrió bajo su presidencia- durante un acto político del partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena), según publicó hoy el diario local La Prensa Gráfica.

En el citado acto, celebrado ayer en La Unión (este del país), el exmandatario (1989-1994) también aseguró que el proceso contra los militares salvadoreños amenaza con reabrir "heridas" de la guerra civil que sufrió el país desde 1980 hasta 1992.

Cristiani, quien ahora preside Arena, argumentó que durante la guerra los militares y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hoy en el poder como partido político, cometieron crímenes y otras violaciones de los derechos humanos que no deben reabrirse en virtud de los Acuerdos de Paz firmados en 1992.

"Las violaciones y las muertes se dieron de los dos lados, tanto del FMLN como de la Fuerza Armada, y por eso se permitió que se crearan los Acuerdos de Paz y hasta se hizo una ley" de amnistía, recordó Cristiani, firmante de dichos arreglos.

En 1991, nueve militares fueron procesados en El Salvador por el caso de los jesuitas, pero sólo dos fueron declarados culpables, mientras que los otros fueron absueltos; después, todos quedaron bajo la ley de amnistía de 1993, que también benefició al FMLN.

La querella contra los militares salvadoreños fue presentada en enero de 2009 por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), respaldada por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) de San Francisco (EEUU).

Cristiani comentó que "detrás de estos señores que han hecho esta demanda (en España) no está ningún familiar de los jesuitas; están abriendo heridas que ya fueron cerradas".

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco excluyó del proceso a Cristiani, denunciado por supuesto encubrimiento.

El pasado 30 de mayo, Velasco ordenó la captura de los militares.

Nueve de los 20 procesados se entregaron hace una semana voluntariamente en la Brigada Especial de Seguridad Militar, en San Salvador, tras ser informados de que la Policía ejecutaría la orden de captura internacional.

El Ministerio de Defensa puso a disposición de la justicia civil a los nueve militares, pero la Corte Suprema de Justicia todavía no ha emitido ninguna resolución sobre ellos.

Cristiani insistió en que es contradictorio que la Audiencia Nacional de España pretenda juzgar casos de El Salvador si no pudo hacer lo mismo, en virtud de una ley de amnistía, con hechos ocurridos durante la dictadura de Franco en ese país.

Al juez Baltasar Garzón lo "despidieron de la Audiencia española al intentar abrir casos de la época de Franco, y el Gobierno español le dijo que no estaban para abrir heridas de lo que pasó hace muchos años. Ahora, la misma Audiencia española viene a meterse en casos de hace 20 años en la justicia salvadoreña", cuestionó.

La masacre sucedió el 16 noviembre de 1989, cuando miembros del Batallón Atlacatl irrumpieron en la Universidad Centroamericana (UCA) y mataron a los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes e Ignacio Martín-Baró.

Además asesinaron a los sacerdotes españoles Armando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López, así como a la trabajadora de la UCA Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.