Una agrupación integrada por militares retirados y civiles exigió hoy ante la embajada de España en El Salvador respeto a la "soberanía salvadoreña" en una marcha de apoyo a los 20 militares procesados en ese país por el crimen de los jesuitas en 1989.

"Demandamos respeto a la soberanía nacional y al principio de igualdad de derecho y libre determinación de los pueblos, así como al principio de igualdad soberana de los Estados", dijo el portavoz del movimiento, José Hernández, al leer una carta que posteriormente entregaron a la embajada española, en la que piden que la Audiencia Nacional de España desista de juzgar a los militares.

Agregó que rechazan "la intervención del Juzgado Central de Instrucción Nº6 de la Audiencia Nacional de España, representado por el juez (Eloy) Velasco al "pretender juzgar a un grupo de 20 militares salvadoreños que defendieron nuestra nación cumpliendo una misión constitucional y patriótica, quienes ya fueron juzgados por los tribunales de justicia salvadoreña".

Además la carta, entre otras cosas, desconoce "enfáticamente" la jurisdicción de Velasco, ya que "viola flagrantemente las normas del derecho internacional, consignadas en la Carta de Naciones Unidas del 24 de octubre de 1970, referidas a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados".

El cónsul español, Luis Chacón, recibió la carta de los miembros del Movimiento por la Paz, la Dignidad y Soberanía Nacional.

Hernández, que es un sargento en situación de retiro, afirmó a Efe que no es que estén de acuerdo con "las atrocidades de la guerra, sino que las cosas de la guerra tienen que quedarse en la guerra".

La matanza por la que están siendo juzgado los 20 militares salvadoreños en España sucedió el 16 de noviembre de 1989, cuando miembros del Batallón Atlacatl irrumpieron en la Universidad Centroamericana (UCA) y mataron a los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes e Ignacio Martín-Baró.

Además asesinaron a los sacerdotes españoles, Armando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López, así como la trabajadora de la UCA, Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.

El domingo pasado nueve de los 20 militares se entregaron voluntariamente y se resguardaron en una brigada militar de San Salvador, y posteriormente las autoridades castrenses los pusieron a disposición de la justicia civil.

El caso está siendo analizado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que resolverá si procede o no a la eventual extradición de los militares, aunque todavía no ha llegado una petición de España, según autoridades locales.

Los ex militares y civiles se apostaron en las cercanías de la embajada española después de recorrer una de las principales calles de San Salvador en una marcha pacífica.

La marcha fue apoyada, entre otros políticos, por el diputado de derecha Roberto D'Aubuisson, quien dijo a Efe que "no puede ser que venga un juez extranjero, de otro Gobierno, así sea un Gobierno amigo, a entrometerse en asuntos de El Salvador; sobre todo, un asunto que ya los salvadoreños habíamos resuelto", precisó.

En 1991 fueron procesados nueve militares en El Salvador por el caso de los jesuitas, pero sólo dos fueron declarados culpables y los otros absueltos.

Después todos los militares quedaron acogidos a la ley de amnistía de 1993, que benefició a ambos bandos enfrentados en la guerra civil (1980-1992).

Por ello, D'Aubuisson sostiene que "nadie pude ser juzgado por el mismo crimen", y porque además "están amnistiados".

Ana Virginia de Bustillo, esposa del general Juan Rafael Bustillo, uno de los acusados de la matanza, dijo a Efe que todas las acusaciones contra su esposo son "una infamia" y pidió que "comprueben si él ha participado" en esa matanza.

El coronel retirado Sigifredo Ochoa expresó que regresarán a la embajada "las veces que sea necesario" y que van "a movilizar más salvadoreños para respetar la paz y la armonía que dejó la amnistía en El Salvador".