En este pueblo en la ladera de una colina, coronado por un castillo medieval y rodeado de olivares, los 120 trabajadores municipales no reciben paga desde mayo. La policía tiene órdenes de no usar sus patrullas a menos que reciba denuncias de un accidente de tránsito o un delito en marcha.

La piscina municipal está cerrada pese a que se registran temperaturas superiores a los 40 grados centígrados (104 Fahrenheit) a la sombra. Las tarifas para la guardería pública se han duplicado. Las cuentas del agua subirán pronto un 33% y los propietarios de los comercios locales están furiosos por los nueve millones de euros (12,7 millones de dólares) en cuentas que debe la municipalidad, en gran parte a ellos.

Las 8.115 municipalidades españolas están afectadas por las deudas que contrajeron después de dos décadas de vacas gordas que supuso el auge de la construcción antes de estallar la burbuja en el 2008.

Las autoridades de Moratalla creen que son las primeras en España en declarar públicamente que su municipio está al borde de la bancarrota, y que el único modo de evitarlo es un programa sin precedentes para reducir drásticamente los servicios a la vez que se aumentan los impuestos y las tarifas en una medida de austeridad que podría durar ocho años.

Moratalla y su enorme deuda "reflejan la imagen de muchas otras ciudades" que todavía no han admitido la magnitud de sus alarmantes circunstancias financieras, dijo el vicealcalde Juan Soria. "Estas son medidas duras, pero necesarias y creo que deberíamos reinventarnos porque hemos vivido más allá de nuestros medios y debemos reducir nuestras expectativas".

Existe una creciente preocupación en España de que las municipalidades y los gobiernos regionales corran el riesgo de no poder cumplir con sus obligaciones. Esta semana, en la región de La Mancha, en Castilla, no lejos de Moratalla, tres de cada cuatro farmacias cerraron en una "huelga" para protestar por la demora en el pago de 125 millones de euros (178 millones de dólares) que les debe el gobierno regional por las recetas farmacéuticas que los ciudadanos reciben del sistema nacional de salud.

Los gobiernos locales y regionales asumieron grandes obligaciones durante los años de bonanza, pero ahora sus arcas se han vaciado.

Muchos pueblos contrataban a numerosos empleados a medida que los municipios recaudaban las tarifas de los permisos de construcción y las licencias de negocios, además de mayores impuestos a la propiedad. Las autoridades se lanzaron a construir carreteras, escuelas, guarderías, atracciones turísticas y centros para retirados.

La crisis financiera del 2008 redujo los fondos y convirtió el auge en un desastre. Ahora la construcción está paralizada y los negocios están cerrando mientras España lidia con un desempleo de casi el 21%, récord para la eurozona. Muchos municipios casi no pueden pagar a sus empleados, no pueden despedir trabajadores debido a las reglas sobre el servicio público, están pagando con demora al sistema de salud, y tratan de aplazar o reestructurar las deudas que asumieron con los costosos proyectos de infraestructura.

La nación podría ser la próxima en necesitar un rescate financiero después de Grecia, Irlanda y Portugal, y hay quienes dicen en Moratalla que el ejemplo de su municipio demuestra que España necesitará la ayuda de la Unión Europea, pese a las promesas de las autoridades federales de que la nación no la precisará.

La deuda de los gobiernos locales ascendía a 35.000 millones de dólares a fines del 2010, un 11% más que en el 2008, y se pronostica que podría aumentar este año a medida que siguen declinando los ingresos de las municipalidades.

"El panorama es negativo, y si no enfrentamos los problemas de los municipios tendremos más ejemplos como Moratalla", advirtió Pedro Arahuetes, alcalde de Segovia y presidente de la comisión de finanzas de la asociación que representa los municipios y provincias de España. "Se trata de aumentar impuestos o reducir servicios. No existe una máquina para fabricar dinero".

Arahuetes dijo que el gobierno federal español debe considerar una reforma controversial para disponer la fusión de pequeñas comunidades a fin de que ahorren costos, al menos para los pueblos de no más de 400 habitantes que tengan sus propios municipios.

"La distribución territorial de los pueblos en España es totalmente insostenible y alguien tiene que encarar este problema seriamente", agregó.

Grecia lo hizo el año pasado, cuando redujo sus 1.034 municipalidades a 325 para dinamizar los servicios y reducir costos y desperdicios. En Italia, el gobierno del primer ministro Silvio Berlusconi emitió el viernes un decreto de emergencia para abolir la administración provincial de las ciudades con menos de 300.000 personas, mientras que los pueblos pequeños con menos de mil residentes se fusionarán con comunidades más extensas.

En Moratalla, con 8.500 habitantes, Soria se alarmó por la idea de fusionarse con un municipio vecino, pero admitió que su comunidad está permanentemente en crisis. Hace dos semanas, las dos gasolineras del pueblo dejaron de llenar los tanques de los vehículos municipales cuando los propietarios perdieron toda esperanza de que les paguen las deudas atrasadas por 120.000 euros (170.000 dólares).

Ahora los trabajadores municipales cargan gasolina en una cooperativa agrícola local. Pero la policía ya casi no usa sus vehículos y patrulla a pie.

El agente José Antonio Navarro se preocupa de que no pueda responder a tiempo a una emergencia pública, y sus colegas se ven en figurillas para pagar sus hipotecas debido a lo tarde que cobran.

"Es una situación difícil", comentó. "Los amigos nos prestan dinero y tenemos que ir a comer a casa de nuestros padres".

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Los periodistas de The Associated Press Jorge Sainz en Madrid, Elena Becatoros en Atenas y Alessandra Rizzo en Roma contribuyeron a este despacho.