A un mes de que Mayra García cumpliese su sueño de ir a la universidad, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) golpeó la puerta de su casa en el pequeño poblado de Cottonwood con una orden de deportación para ella y para su padre.

"¿Dónde está tu padre?", le preguntó el agente. "Si no dices dónde está, te vamos a arrestar".

"Me dieron un segundo para pensar la decisión, y fue la más difícil que tomé en mi vida", recuerda Mayra, quien les dio la dirección del trabajo de su padre, un cocinero en un restaurante cercano. Varios agentes de inmigración regresaron minutos después con su padre esposado. Esa fue la última vez que lo vio antes de que fuera deportado a México.

"Nos dio un beso a mí y a mis hermanos y me dijo que siguiera adelante, que esto no me iba a detener", recuerda Mayra.

Aquella tarde de agosto de 2010, Mayra, de 19 años, se enteró que un juez de inmigración había emitido una orden para su deportación por no haberse presentado a la corte tras una solicitud de asilo político que hizo su padre cuando ella tenía siete años y que fue rechazada.

Aunque podrían haberla arrestado también, el agente le permitió quedarse para que buscara un abogado para pelear su deportación y poder ir a la universidad.

Miles de estudiantes como Mayra, quien llegó al país a los dos años cruzando ilegalmente la frontera con sus padres, se criaron en los Estados Unidos y viven en un limbo migratorio pues no tienen forma de regularizar su situación. Cuando se les inicia un proceso de deportación, sus opciones son casi nulas.

Un elemento que obra a su favor, sin embargo, es que los tribunales de Inmigración están desbordados y no dan abasto para procesar todos los casos que tienen pendientes.

En junio, un juez de la Corte de Inmigración de Phoenix fijó la fecha para ventilar el caso de deportación de Mayra: el 30 de agosto de 2016.

En otras palabras, Mayra tiene otros cinco años para tratar de regularizar su situación.

"No es que hayamos pedido más tiempo", dijo Judy Flanagan, una abogada de inmigración que aceptó representarla sin cobrarle. "Esa era la primera fecha que el juez tenía disponible".

Según la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR por sus siglas en inglés), la corte de Phoenix tenía 8,817 casos pendientes a fines de junio. Y cuenta con sólo tres jueces, explicó Flanagan.

La abogada pidió que el juez considerase otorgarle asilo político a Mayra porque tiene un temor real de regresar a México. Flanagan dijo que por la seguridad de su clienta no podía revelar el motivo.

"Esto es como comprar tiempo", expresó Mayra. "Lo que quería es que me dieran la cita después de que me graduara (en el 2014)".

La gran esperanza de los jóvenes como Mayra es que el Congreso apruebe el Dream Act, una propuesta de ley que permitiría regularizar su status migratorio a quienes ingresaron ilegalmente al país antes de los 16 años y cursaron estudios universitarios o se enlistaron en las fuerzas armadas. Según el Migration Policy Institute, una organización independiente que estudia el fenómeno migratorio, 2.1 millones de jóvenes podrían beneficiarse de aprobarse esta propuesta.

En junio, por otro lado, el director del ICE, John Morton, expidió un documento que daría un respiro a los jóvenes que enfrentan una inminente deportación.

En el memorando se sugiere el uso de la discreción por parte de los abogados o agentes del ICE a la hora de iniciar un proceso de deportación de alguien que no tiene antecedentes delictivos ni ha estado preso. La iniciativa también plantea el uso de la "acción diferida", por la cual se deja en suspenso la deportación de estudiantes y demás jóvenes que se verían amparados por el Dream Act.

Ninguna de estas opciones legales implica que se está abriendo las puertas a estos jóvenes para que regularicen su situación ya que sus procesos de deportación siguen pendientes. Pero los jóvenes ganan tiempo y quedan a la espera de que se apruebe una reforma a las leyes de inmigración que los beneficie.

No está claro todavía qué impacto está teniendo esa iniciativa, debido a que no existe un registro de los casos en los que se dejó en suspenso un proceso de deportación haciendo uso de la discreción, según ICE.

Lo que sí revelan las estadísticas de ICE es que en el 2010 fueron deportadas 390,000 personas, de las cuales la mitad no tenían antecedentes delictivos.

No hay estadísticas disponibles para el 2011 sobre el número de casos de acción diferida ni se sabe si su uso aumentó desde que salió a la luz el memorando.

En el pasado, la opción fue utilizada de forma aislada. En el 2010 se otorgó en 542 instancias y en el 2009 en 780, de acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Interior (DHS por sus siglas en inglés).

Aunque se cansó de escuchar a quienes le decían que no valía la pena estudiar si no tenía papeles en regla, Mayra nunca desistió de su sueño y fue aceptada por una universidad privada californiana con una beca que cubriría sus estudios de bachillerato (el ciclo universitario básico) y su alojamiento con un valor de $250,000 dólares.

"No sé por qué me la dieron a mí", dice incrédulamente, señalando que es la primera en su familia en ir a la universidad.

Mayra pidió omitir el nombre de la universidad por temor a que esto pueda perjudicar a sus compañeros de clase que no tienen papeles.

Mayra no es la única que ha ganado tiempo. Pedro Gutiérrez, un joven de 24 años que reside en la Ciudad de Casa Grande, cerca de la frontera entre Arizona y México, vivió una experiencia similar.

Después de ser detenido por una infracción de tráfico y de enfrentar la inminente deportación, su abogado Maurice Goldman logró convencer al ICE de que dispusiese una cancelación temporal de la medida, sin hacer uso de la acción diferida.

"No tengo en dónde vivir en México, casi no hablo español, allá no tengo familia", señaló Pedro en una entrevista en inglés.

La abuela, quien lo trajo a Estados Unidos, falleció hace varios años y Pedro es prácticamente huérfano sin haber tenido contacto con sus padres.

En marzo del 2012 vence la suspensión temporal de su deportación y la interrogante es si el gobierno estará dispuesto a darle más tiempo.

"Es como vivir en un limbo", asegura.

Su razón principal para quedarse en los Estados Unidos es poder cumplir el sueño de enlistarse en el ejército como soldado de la marina. Ese fue uno de los puntos claves para que lo dejaran quedarse, considerando que podría ser amparado por el Dream Act, dice Goldman.

"Ese ha sido mi sueño desde que tengo memoria", cuenta. Pero ahora tiene otro motivo y es que muy pronto será papá.

"Me aterra pensar que sólo estoy aquí temporalmente, y que mi niña puede crecer sin su padre", asegura.

Si Pedro es deportado, como sucede con la mayoría de los inmigrantes en su situación, no podría regresar legalmente a los Estados Unidos por 10 años debido a un castigo que imponen las leyes de migración para quienes estuvieron ilegalmente en el país, explicó Goldman.

Lograr la suspensión temporal de una deportación es muy poco común, asegura Goldman, algo confirmado por datos del DHS, según los cuales el año pasado se apeló a la acción diferida en poco más de 500 casos.

Goldman dice que los casos varían según las circunstancias.

"Algunos son afortunados y otros no tanto", señala.

Carmen Cornejo, directora de CADENA, un grupo de profesionales y estudiantes que apoyan el Dream Act, afirma que la situación de Mayra y Pedro es la excepción a la norma porque ambos pudieron conseguir abogados y no refleja necesariamente una intención de la administración de darle más oportunidades a estos jóvenes.

"Quisiéramos que se suspendiese oficialmente (la deportación) de todos los candidatos a ser cobijados por el Dream Act. No sabemos cuántos están siendo deportados de forma anónima", expresó Cornejo en referencia a los jóvenes cuyos casos no han contado con una red de apoyo de la comunidad o han ganado notoriedad en los medios.

Tanto Mayra como Pedro han podido obtener un permiso de trabajo y una licencia de conducir, a lo que tienen derecho mientras esperan que se resuelvan sus casos.

"Es algo realmente increíble y que parece inalcanzable para quien no está legalmente en el país", señala el abogado Goldman.

Mayra dice que no dejará de lado la lucha por conseguir que se apruebe el Dream Act, propuesta que este año tuvo su primera audiencia en el Comité Judicial del Senado en el Congreso renovando la esperanza de muchos jóvenes. El año pasado otra versión de la ley fue aprobada en la Cámara de Representantes pero fracasó en el Senado. Su futuro es incierto este año pese a contar con el apoyo del presidente Obama, pues una mayoría republicana se le ha opuesto, incluyendo figuras que apoyaron la propuesta en el pasado como los senadores John McCain, de Arizona, y John Cornyn, de Texas.