Militares en retiro, políticos y civiles protestaron el viernes ante la embajada de España por lo que consideran la injerencia de un juez de ese país que requiere a nueve ex oficiales castrenses por su presunta implicación en el asesinato el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989.

"Estamos aquí para pedir resto a nuestra soberanía, este juez (Eloy Velasco) no es nadie para juzgar a nuestra justicia y exigimos respeto, estamos aquí para defender a nuestros héroes, a nuestros hermanos que se sacrificaron durante la guerra", dijo a la AP el coronel retirado Sigifredo Ochoa Pérez.

La sede diplomática recibió a un delegación del grupo integrado por unas 500 personas, algunos con uniformes militares pero la mayoría vestidas de blanco, que entregó una carta de protesta.

Velasco, del juzgado Central de Instrucción de Madrid, España, pidió la captura internacional de los nueve ex oficiales que integraban la cúpula militar cuando los sacerdotes españoles fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989 en el marco de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

El grupo se entregó a un cuartel castrense, que los puso a disposición de las autoridades judiciales, quienes finalmente analizarán un eventual pedido de extradición por parte de España.

"Estoy aquí para declarar que mi esposo es inocente de lo que se le acusa", dijo en entrevista con la AP la señora Ana Virginia de Bustillo, esposa del ex general Juan Rafael Bustillo que durante la guerra fungió como jefe de la Fuerza Aérea.

"No tenemos nada contra los españoles, pero ellos no pueden meterse en nuestros asunto, que recuerden que ya no somos una colonia de ellos", agregó.

La actividad fue convocada por el Movimiento por la Paz, La Dignidad y la Soberanía Nacional y contó con la participación de diputados y militantes de la derechista Alianza República Nacionalista (Arena), familiares de los ex militares señalados en el caso jesuitas y simpatizantes de los militares.

"Rechazamos la intervención de este juez que pretende juzgar a nuestros héroes de guerra, que dejaron su sangre en los campos de batalla defendiendo al país, no vamos a permitir que irrespete la soberanía nacional", afirmó Ochoa Pérez.

Los militares son Bustillo, Rafael Humberto Larios, Francisco Helena Fuentes, Juan Orlando Zepeda, Mariano Amaya Grimaldi, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Antonio Ramiro Avalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo.

Según la defensa, los ex oficiales se entregaron el 7 de agosto después de enterarse de las órdenes de captura giradas por un juez español precisamente para evitar "un circo" y el "escarnio público".

Detractores y defensores coincidieron en el proceso que no pasará de un trámite sin efectos reales para los imputados.

En la marcha participaron dirigentes y simpatizantes del partido Arena, entre ellos el diputado de Arena, Roberto D'Abuisson, hijo del fallecido mayor Roberto D'Abuisson que la Comisión de la Verdad identificó como uno de los líderes de los temibles escuadrones de la muerte de la década de 1980.

"No me parece correcto y no voy a permitir que un gobierno extranjero, así sea un gobierno amigo, venga a meterse en problemas internos y a trastocar nuestra institucionalidad y nuestra reconciliación nacional".

Reiteró que "vengo aquí a darle el apoyo a nuestra fuerza armada" y adelantó que espera que la Corte Suprema de Justicia, que en ultima instancia decidirá el futuro de los ex militares rechace las peticiones del juez español.

"Siento que no hay motivos para que este caso continúe y espero que haya el principio de nulidad, además no es conveniente para los intereses del país. no es conveniente abrir viejas heridas", manifestó y dijo que "espero que los magistrados primero piensen en El Salvador y lo que es mejor para el país".