Pese a sus robustas credenciales conservadoras, el gobernador de Texas Rick Perry podría tener un talón de Aquiles: el tema de la inmigración.

Perry indudablemente enfocará su campaña por la nominación presidencial republicana en la relativamente saludable economía de Texas, en sus impuestos bajos y en su creación de empleos durante los 11 años que ha estado en el cargo. Pero tendría dificultades para explicar cómo es que los inmigrantes que se encuentran sin autorización en Estados Unidos han contribuido a tal éxito, agregando tanto como 17.700 millones anuales al producto bruto estatal y gozando de beneficios tales como tarifas privilegiadas en universidades públicas, las cuales se ofrecen normalmente sólo a residentes del estado.

"El gobernador Perry está muy ansioso por parecer severo sobre la inmigración ilegal, pero en una inspección más cercana, él es parte del problema", se quejó William Gheen, quien maneja el comité de acción política Estadounidense por una Inmigración Legal, con sede en Carolina del Norte. El grupo intenta instruir a grupos conservadores sobre las posturas de los candidatos en esa materia.

La crítica de la extrema derecha sobre los antecedentes de Perry en materia de inmigración está apareciendo ahora en bitácoras de activistas a través de internet en Arizona y Nueva Hampshire.

Un reporte estatal del 2006 señaló que los inmigrantes sin autorización para estar en el estado —1,4 millones entonces, 1,65 millones ahora— agregaron 17.700 millones de dólares al producto bruto de Texas. Además, el estado tuvo más impuestos recaudados que lo gastado en servicios que proporcionó. Pero gobiernos locales y hospitales de condado cargaron con el peso de atender a esa población.

La Asociación de Negocios de Texas (TAB, por sus siglas en inglés), la cual ha respaldado a Perry en todas sus campañas por el gobierno estatal y tiene miembros que en lo individual le han proporcionado cientos de miles de dólares en efectivo para sus actividades proselitistas, pregonaron ese reporte en su apoyo firme por una reforma de inmigración integral. La TAB, la cámara de comercio del estado, ha ejercido presión a favor de la reforma de inmigración y contra una legislación estatal que regule esa materia.

"La economía sufriría sin trabajadores indocumentados", dijo Bill Hammond, presidente y director ejecutivo de la TAB. "Los necesitamos", subrayó.

Texas continúa dando la bienvenida a los inmigrantes de maneras que algunos otros estados no lo hacen.

Los inmigrantes sin documentos pueden obtener colegiaturas rebajadas en universidades de Texas. Ningún empleador y ninguna agencia estatal está obligada a verificar en una base de datos federal los datos aportados por solicitantes de empleos para determinar su estatus legal. Los inmigrantes sin permiso para estar en el país tienen acceso a servicios para tratamiento médico, de salud mental y de atención a niños con necesidades especiales de atención.

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